Guatemala se convirtió en pionero al ser el primer país en el mundo que enjuicia y condena por genocidio a uno de sus expresidentes. El inusitado honor le correspondió al General Efraín Ríos Montt, quien llegó y salió del poder por la vía del golpe de Estado a principios de los años ochenta.
En la sentencia, la juez Yasmín Barrios estableció que "estamos completamente convencidos de la intención de destruir al grupo étnico de los ixiles", con lo cual se tipificó plenamente el delito de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Si las apelaciones de su defensa fracasan, deberá cumplir una condena de 80 años de prisión.
Guatemala hace historia porque en todos los anteriores casos de genocidio, los sospechosos fueron enjuiciados por tribunales internacionales y fuera de su territorio nacional. Así sucedió recientemente con Slobodan Miloševic, presidente de Serbia, quien murió misteriosamente en su celda, mientras era procesado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya por crímenes contra la humanidad. Lo mismo ocurrió con los genocidios de Ruanda, los famosos killing fields de Camboya, o con el presidente al-Bashir de Sudán, por los crímenes de Darfur.
Siendo este un caso ejemplar a nivel internacional, cabe preguntarse por qué otros países no han procesado a sus criminales más sanguinarios en sus propios tribunales y, aun en el caso de Guatemala, ¿por qué tuvieron que transcurrir más de tres décadas para llevar a Ríos Montt ante la justicia?
La razón principal es que los Estados temen abrir heridas históricas que el tiempo ha ido cicatrizando. Temen que las sociedades se polaricen al reencontrarse con su pasado y que de alguna forma resuciten las razones que en su momento dieron origen al conflicto. Temen que el enjuiciamiento de un personaje como éstos derive en el resurgimiento de rencores y de ánimos de revanchismo. En suma, los poderes del Estado se la piensan antes de enjuiciar a un dictador, más que por benevolencia hacia el asesino, por razones de estabilidad general de la nación.
Visto así, Guatemala se convierte, más que en un pionero, en un laboratorio político y social que deberá observar el mundo con mucho detenimiento. Por bien de la estabilidad guatemalteca, lo idóneo sería que los agraviados y sus familiares simplemente se congratularan que aunque tarde, se hizo finalmente justicia por las agresiones, los bombardeos indiscriminados y las matanzas de hace treinta años. Si en cambio, el juicio de Ríos Montt deriva en una renovada sed de venganza o en acciones violentas entre las facciones que escenificaron la prolongada guerra civil de ese país, Guatemala podría sumergirse de nuevo en una espiral de confrontaciones. De ser así, el ejemplo institucional que el país del quetzal está dando al mundo, no sólo podría desvanecerse, sino convertirse en un llamado para que otros países dejen impunes los crímenes de genocidio y de lesa humanidad que les haya tocado sufrir.
Y de hecho, el caso guatemalteco se antoja más complicado que los de Serbia, Camboya, Uganda, Ruanda o Armenia. La razón es que el actual presidente de ese país, el General Otto Pérez Molina era un militar en activo durante los años de la lucha contra la guerrilla. Habla en su favor que fue uno de los miembros del ejército que en su momento respaldó el derrocamiento del General Ríos Montt. Sin embargo, su pasado militar hará más difícil la tarea de restañar las heridas que siguen dividiendo al pueblo guatemalteco. Así las cosas, el Presidente Pérez Molina no tiene mucho margen de maniobra más que respaldar de la manera más sabia y abierta el ejemplar proceso institucional que se ha llevado a cabo en su país y respetar la independencia del poder judicial.
Así, el capítulo más importante para Guatemala no fue en sí mismo el enjuiciamiento de uno de sus dictadores más conspicuos, sino el proceso de asimilación que ahora le toca procesar a la sociedad guatemalteca.
Presidente del Comexi
