‘Guerra’ por reforma migratoria. Obama se comprometió recientemente a sacar adelante la reforma migratoria en su país.
Estados Unidos se convirtió en escenario de una guerra de cifras sobre el impacto económico de una reforma migratoria, entre conservadores que la consideran onerosa y sus partidarios que proyectan una bonanza.
Un polémico reporte de la conservadora Fundación Heritage, elaborado en 2006, resurgió a la luz pública en víspera de una movilización en que se espera reunir a decenas de miles de personas frente al Capitolio, en demanda de lo que sería la primera reforma de migración desde 1986.
Heritage, que ahora es dirigida por el exsenador republicano de Carolina del Sur, Jim Demint, estimó que el costo fiscal de una reforma ascendería a 2.6 millones de millones de dólares.
En contraste, un estudio del Foro Americano de Acción (ACF) estimó que una reforma migratoria integral aumentaría el Producto Interno Bruto de Estados Unidos de 3.0 a 3.9 por ciento.
El ACF proyectó además un impacto positivo en la reducción del déficit federal en 2.7 millones de millones de dólares en 10 años después de su entrada en vigor, y un aumento de los ingresos per cápita de mil 700 dólares por persona.
Las divergentes estimaciones detonaron reacciones encontradas de los partidarios y opositores de la reforma migratoria.
El Centro de Política Migratoria (MPC) sostuvo que el reporte de Heritage está basado en "premisas erróneas", como el hecho de que anticipa la llegada de decenas de millones de nuevos inmigrantes a los Estados Unidos.
Asimismo, señaló que Heritage considera que los inmigrantes y sus hijos serán incapaces de tener movilidad social y se mantendrán estancados al mismo nivel que el día que fueron legalizados.
En este marco, el presidente Barack Obama sostendrá una cena privada con una docena de legisladores republicanos para analizar temas pendientes de la agenda legislativa, incluida la reforma migratoria, así como el presupuesto.
PREVÉN ACUERDO
Por su parte, el llamado "Grupo de los 8" del Senado de EU prevé presentar la próxima semana un proyecto de ley para una reforma migratoria integral que ofrecerá una vía a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados y reforzará las medidas policiales contra la futura inmigración ilegal.
"Este proyecto de ley contendrá las medidas para el reforzamiento de las leyes migratorias más duras en la historia de Estados Unidos (...) esta legislación será más dura que cualquier otra ley migratoria del pasado", dijo a Efe una fuente del Congreso, que pidió el anonimato porque no está autorizada para discutir el plan en ciernes.
Según la fuente, el proyecto de ley -que podría ser debatido la semana del 6 de mayo- "aún está en proceso de elaboración", pero incluirá una serie de condiciones para la seguridad en las fronteras y al interior del país, que deberán cumplirse en un plazo de diez años antes de que los inmigrantes indocumentados puedan solicitar la "tarjeta verde" o residencia permanente.
Esas medidas de seguridad incorporan, además, una inversión de "miles de millones de dólares adicionales" para la vigilancia fronteriza, para lograr un nivel "satisfactorio" de seguridad en ese sector.
La legislación, que ofrecería una vía para la legalización y eventual ciudadanía de los indocumentados, también crearía un sistema de registro de salidas para evitar que las personas con visas temporales se queden en EU cuando caduquen sus documentos.
