La mayoría de los gobiernos estatales "compran por comprar" y con lineamientos que permiten colusión entre proveedores, gastos sin fundamento y discrecionalidad en la asignación de contratos, principalmente en adjudicaciones directas o restringidas, según un estudio hecho por Transparencia Mexicana y el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).
Tan sólo en 2009, los estados gastaron 60 mil millones de pesos bajo esta normatividad.
En el documento Distorsiones y brechas. Compras públicas en los estados se describe que menos de la mitad de las entidades (47%) designa en su ley un monto máximo para adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, "lo cual otorga una enorme discrecionalidad a quienes adjudican los contratos".
Apenas una tercera parte de las entidades elabora estudios de mercado previos al proceso de compra.
En la evaluación, CIDAC y Transparencia Mexicana concluyeron que "no se cuenta con información suficiente acerca del mercado previo a la realización de una compra, lo que puede traer resultados adversos para las dependencias".
En relación a la viabilidad de los proyectos, 60% de los estados no considera en sus legislaciones indicadores para medir la viabilidad del cumplimiento de metas y objetivos.
"En otras palabras, se compra por comprar, sin un entendimiento concreto de la capacidad de los proveedores contratados para ofrecer servicios y bienes adquiridos", señala.
En México, según los organismos, "las leyes que rigen las compras públicas en las entidades contienen requisitos que podrían ser discriminatorios y no contemplan la obligación de velar por resultados".
El documento cita que sólo 5% de las entidades exige por ley que los potenciales proveedores estén al corriente de sus obligaciones fiscales; 20% de las leyes incluye sanción para la comunicación entre oferentes en un proceso de licitación y apenas un tercio regula la comunicación entre consultores y proveedores.
Incluso, 83% de las autoridades estatales no prevén en sus leyes la obligación de revisar si los precios presentados en las propuestas se derivaron de procesos de libre competencia y sólo cinco estados lo consideran un paso importante para impedir colusión.
Solamente 11 estados prevén la creación de contratos marco y seis tienen especificaciones técnicas, lo que favorece la proliferación de contratos ad hoc que "se prestan a una mayor discrecionalidad".
Apenas 37% de las entidades establece la pertenencia en el padrón como condición necesaria para participar en un proceso de invitación restringida y 30% lo prevé para adjudicaciones directas.
Al menos 21 gobiernos estatales permiten exceder el presupuesto de licitaciones, además en la mitad de entidades no se cuenta con reglas que impidan que el costo final se divida en dos operaciones, lo cual implica "una enorme capacidad de discrecionalidad".
