Vivimos la paradoja de que, por un lado, el Estado se fortalece frente a poderes fácticos, recuperando la rectoría en diversas actividades que le habían sido expropiadas por intereses particulares, pero por otro lado, pierde terreno en el cumplimiento de sus obligaciones básicas; garantizar el orden, dar seguridad a sus ciudadanos, fomentar la convivencia pacífica y civilizada a través de la aplicación de la ley.
Desde luego, el Estado mexicano jamás ha cumplido cabalmente esos propósitos, pero al parecer cada vez lo hace en menor grado. No hay ni de lejos algo como un Estado de derecho.
Durante los años del panismo (y particularmente con Felipe Calderón), el Estado perdió control territorial frente al crimen organizado (cuando la estrategia calderonista se propuso como objetivo precisamente recuperar ese control). El nivel de inseguridad y descontrol que arrojó como saldo ese gobierno hace difícil que el actual pueda revertir la situación, al menos en poco tiempo. Además, como consecuencia de los vacíos dejados por el Estado y su creciente deficiencia, proliferan los grupos de autodefensa en diversas entidades, lo cual, pese a que hay un fundamento legítimo para ello (si el Estado no te protege, estás autorizado para intentarlo tú mismo), puede resultar contraproducente para la seguridad colectiva, e incluso fortalecer al crimen organizado.
Por otro lado, el Estado mexicano no ha podido alcanzar en los dos siglos de su existencia el equilibrio propio de una democracia; utilizar legítimamente la fuerza pública cuando grupos de manifestantes violentan la ley -y afectan derechos de terceros- sin incurrir en excesos de autoridad o violaciones a los derechos humanos. En México nos vamos de un extremo a otro; o hay represión brutal a los manifestantes, violando sus derechos y con violencia desproporcionada, o se les deja hacer lo que quieran sin sanción de por medio (y aceptando sus exigencias, por absurdas que sean). Y por eso mismo, en México todo recurso a la fuerza pública es considerado como represión. Se dice que se "criminaliza la protesta social", pero en realidad, quienes lo hacen son los propios manifestantes, al incluir en su repertorio de inconformidad la violación a la ley a través de bloqueos de calles y carreteras y toma de instalaciones (cuando no con agresiones físicas a funcionarios o policías). Estos dos extremos los vimos respecto al movimiento de Atenco; primero, el gobierno de Vicente Fox cedió ante los secuestros que los ejidatarios hicieron de funcionarios, alegando que de haber aplicado la fuerza pública se hubiera puesto en riesgo la estabilidad política (se supone que es a la inversa). En Atenco II sí se utilizó la fuerza pública, pero las policías (federal y estatal) incurrieron en diversos abusos y excesos contra los manifestantes, cayendo en represión.
Se habla del conflicto recurrente entre los derechos de los manifestantes a protestar públicamente y el de los ciudadanos a transitar, o de dueños de negocios y comercios a no ser afectados en sus intereses fundamentales. En principio es posible conciliarlos. Pero si no hay daño a terceros o al patrimonio nacional, las autoridades pueden no atender y menos ceder a las exigencias de los manifestantes en turno. Desde luego, en condiciones normales tendría que ser más costoso incurrir en una violación a la ley, pues además de no conseguir las exigencias, habrá un costo penal. Pero en México es a la inversa; justo dañando los derechos de terceros e infringiendo la ley es como más fácilmente se logra doblar a las autoridades, obteniendo cualquier demanda (por injusta y excesiva que sea) y al mismo tiempo se mantiene la impunidad de los manifestantes por los ilícitos cometidos.
El bloqueo de la carretera en Guerrero por los maestros inconformes con la reforma educativa, pese al enorme costo que causaron a los turistas de la Semana Santa, refuerza los incentivos perversos para otros grupos, en particular los maestros de todo el país que quieran sustraerse a las evaluaciones periódicas o perder su derecho a vender o heredar plazas; se podrá así conjurar la reforma a nivel federal para que, por vía de la legislación estatal, quede en letra muerta (a menos que alguien presente una controversia contra tales normatividades locales -Guerrero y Oaxaca- por contravenir la Constitución federal). Pero entonces tendríamos con toda seguridad nuevos bloqueos y otros actos de vandalismo por parte de los maestros que no quieren perder sus ancestrales e injustificados privilegios.
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