Ayer fueron liberados los siete activistas consignados por actos de violencia en la manifestación del pasado 10 de junio. Su proceso continuará, pero en libertad. Aun si el juez los declara culpables, me dice su abogado David Peña, sólo podrán ser castigados con una multa o trabajo comunitario. Esto es consecuencia del cambio que la Asamblea Legislativa hizo hace algunas semanas al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal para clasificar como delito no grave los actos de violencia realizados en manifestaciones.
Veintidós activistas fueron detenidos por agredir a policías y a dos funcionarios del gobierno capitalino, Pedro Bello Aguilar, director de gestión social de la Dirección de Concertación Política, y su subalterno Carlos Díaz Morales, en las manifestaciones en conmemoración del halconazo de 1971. Uno quedó en inmediata libertad por ser menor de edad. Otros 14 no fueron sometidos a proceso porque no había pruebas en su contra (es casi imposible reunirlas). Siete fueron consignados, pero han alcanzado la libertad bajo fianza y ya no pisarán la cárcel. En algunos años, quizá, los harán incluso funcionarios públicos y diputados.
Las imágenes de las agresiones contra policías y funcionarios del gobierno del Distrito Federal sugieren que cuando menos algunos de los liberados sí participaron en los hechos. Pero a nadie le importa.
En los países democráticos agredir a un policía o a un funcionario en el marco de una manifestación es un delito grave. El que la víctima de una agresión sea un policía es una agravante, que aumenta o hasta duplica las penas, mientras que en México no sólo es atenuante sino que en muchos casos se convierte en eximente de responsabilidad.
Estos activistas no estallan espontáneamente en actos de violencia. Las imágenes de uno de los agresores del 10 de junio, un enmascarado que "dispara con un spray una llama al rostro de un policía", es "particularmente espeluznante", comenta Luis de la Barreda (La Razón). Bello relata que quienes lo privaron de la libertad y lo golpearon sabían quién era y lo amenazaron de muerte. El funcionario, un hombre de izquierda cuya función en el gobierno ha sido dialogar con manifestantes, quedó con una dislocación en el hombro izquierdo, hematomas en el cuerpo y las cervicales policontundidas. Díaz tiene una fractura en la mano, una esguince cervical y golpes en la cara (Milenio).
Los activistas afirman que al detenerlos se está "criminalizando la protesta social". Consideran que han adquirido el derecho no sólo de bloquear calles, pintarrajear edificios públicos y privados, dañar monumentos históricos, romper ventanales y saquear comercios, sino de golpear a policías y funcionarios. No son más que halcones, como dice De La Barreda. Se saben defendidos por sus aliados políticos, los mismos que en la Asamblea Legislativa modificaron el Código Penal para beneficiarlos, y en ocasiones por las comisiones de derechos humanos.
Si los activistas ya han adquirido el derecho de agredir a policías y secuestrar y golpear a funcionarios, será cuestión de tiempo para que maten a uno. La Asamblea Legislativa tendrá que cambiar la ley para que la participación en un acto de protesta sea eximente de responsabilidad en un homicidio. No sorprendería. Ahí está Gonzalo Miguel Rivas, el empleado de la gasolinera de Chilpancingo quemado por manifestantes normalistas el 12 de diciembre de 2011 y fallecido dos semanas después. Ninguna comisión de derechos humanos se conmiseró por su muerte, ninguna procuraduría quiso procesar a los responsables. Ser manifestante otorga en México impunidad.
TRANSFORMADORA
"Hay diferentes opiniones sobre cómo debe ser la reforma" de Pemex, le dijo el presidente Enrique Peña Nieto al Financial Times. Pero tengo confianza… Será transformadora."
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