Penado. Irán a la cárcel todos aquellos servidores públicos que hayan incurrido en la desaparición forzada de una persona y tendrán que cumplir una condena de 60 años tras las rejas.
Sin derecho a recibir el perdón ni ser liberados antes de cumplir la sentencia, los servidores públicos que incurran en el delito de desaparición forzada podrán ser condenados a 60 años de prisión.
Además quien obstruya la investigación también será acreedor de sanciones penales de hasta 5 años.
Lo anterior, luego que los diputados locales resolvieron modificaciones al Código Penal donde se establece la reparación del daño hasta por 306 mil pesos para las víctimas o sus familias, cantidad que será cubierta por el Estado cuando se compruebe la participación de autoridades en activo.
Los condenados por el delito también serán destituidos de por vida para desempeñarse en el servicio público.
En una sesión plenaria, los diputados locales incrementaron de 40 a 60 años de cárcel la penalidad máxima por desaparición forzada e identificaron a ese delito como "la práctica cometida por las personas con carácter de autoridad o servidor público de detener o privar de la libertad a terceros, seguida de una negativa a reconocer que dicha privación de la libertad ha ocurrido, o a revelar el paradero o suerte de dichas personas". Asimismo será sujeto a estas penas quien autorice, ordene, apoye o consienta que otros realicen la desaparición.
La nueva legislación establece que la penalidad máxima se aplicará cuando el afectado reciba daño físico o psicológico severo, o bien cuando se trate de menores de edad, ancianos, mujeres embarazadas, indígenas, migrantes o personas con discapacidad física.
Si una de las personas víctimas de desaparición forzada está embarazada y tiene al infante durante su desaparición se aplicará una sanción de dos a cinco años a quien sepa sobre el paradero y no dé información. También se incrementará la condena si la desaparición forzada se hizo para ocultar otro delito.
La asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila documentó desde 2007 un total de 297 casos de desaparición forzada, y en algunos ha señalado como probables responsables a policías y militares.
Delito
El Congreso del Estado aprobó:
⇒ Las penalidades se aplicarán cuando la víctima haya sigo agredido física y psicológicamente.
⇒ O cuando se traten de menores de edad, ancianos, mujeres embarazadas, indígenas, migrantes y personas con discapacidad.
