Sabemos que en México reina la impunidad y que la negativa de la autoridad para aplicar la ley -lo mismo gobernantes que policías, agentes del Ministerio Público y jueces- sumada a la cultura cínica de anchas franjas de la ciudadanía, explican buena parte de los desarreglos sociales y el ascenso de la delincuencia en el país. Pero cuando las transgresiones criminales se ceban sobre una institución tan valorada como la Universidad Nacional Autónoma de México, no puede haber otra respuesta que la indignación, la protesta y la exigencia de que se aplique la ley.
La facilidad con la que un grupo de vándalos, algunos con credencial de estudiante, puede apoderarse de instalaciones universitarias, en este caso, la dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), nos habla de la vulnerabilidad de nuestras instituciones y de la pasividad de las autoridades. El pasado 6 de febrero, la mayor parte de los estudiantes y trabajadores que acompañaban la marcha que derivó en la toma gritaban "¡no violencia, no violencia!", pero el grupo radical -con rostros cubiertos- iba a lo suyo: romper vidrios, cámaras de seguridad y rejas para apoderase de los edificios.
Los violentos buscan presionar a las autoridades para frenar la actualización de los programas de estudio en el sistema del CCH pero, sobre todo, para exigir la liberación de los detenidos tras los disturbios en el plantel Naucalpan y dar marcha atrás a la expulsión académica de algunos alumnos, como José Luis Ramírez, El Chómpiras, calificado por algunos profesores como un "profesional de la violencia", porque lo mismo destroza y saquea comercios el 1 de diciembre que lanza petardos y bombas molotov a las instalaciones del CCH Naucalpan el 5 de febrero, como han documentado algunos medios.
Con justa razón, en estos días se han pronunciado lo mismo el STUNAM que estudiantes, académicos y personal administrativo en rechazo a la violencia, exigiendo la aplicación de la ley universitaria contra aquellos a quienes se les demuestre su participación en actos violentos y la devolución de las instalaciones tomadas, pero el conflicto se mantiene entrampado… Una pregunta cae por su propio peso: ¿la condición de "estudiante" es suficiente para blindarlos de cualquier acción de la autoridad? Una secuela torcida del 68 y del 71: existe un fuero que hace inimputables a quienes esgrimen una demanda social, lo mismo los macheteros de Atenco que los profesores de Oaxaca.
Pero la UNAM no puede ser rehén de vándalos que hacen y deshacen sin el menor respeto a una institución clave en el sistema educativo mexicano. A lo largo de los años hemos conocido experiencias inadmisibles. En 1972 -como recordó hace unos días José Woldenberg en su artículo para el diario Reforma-, Miguel Castro Bustos y Mario Falcón, al frente de un grupo lumpen, tomaron la rectoría e intentaron secuestrar al rector Pablo González Casanova; el intento de secuestro del rector fracasó, pero la ocupación duró un mes.
En fechas más recientes, el llamado Consejo General de Huelga (CGH) se apropió del campus de Ciudad Universitaria durante 310 días de paro (1999-2000), hasta que la Policía Federal Preventiva recuperó las instalaciones.
Sorprende y preocupa la indefensión de la Universidad ante la barbarie de grupos minúsculos. La autoridad universitaria confunde tolerancia con sumisión e incumple su compromiso al someterse ante las exigencias absurdas de grupos minoritarios y muchas veces con intereses extra-escolares.
Importa, sin duda, que los estudiantes tengan voz en la discusión de los temas que inciden sobre su formación, pero es inadmisible que unos cuantos facinerosos dobleguen a la mayor institución educativa del país… Tampoco es tolerable que ante estos desmanes decenas de miles de estudiantes y profesores se mantengan pasivamente.
La autonomía de la UNAM no puede ser pretexto para delinquir dentro del campus de Ciudad Universitaria o cualquier otro espacio… ¿Hasta cuándo, señor Rector?
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@alfonsozarate
