En el país están aún sin resolver más de mil 600 conflictos agrarios que representan un gran rezago en materia jurídica, inseguridad en la tenencia de la tierra y pobreza de ejidatarios, comuneros y propietarios rurales, por lo que se trabaja en su solución para avanzar en proyectos productivos y mejorar la situación del sector, concluyeron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y líderes de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Durante la primera reunión entre los integrantes de la Sedatu y de la CNC, se acordó identificar y emprender acciones resolutivas no solamente en regiones y estados con problemas limítrofes, sino de reconocimiento de derechos agrarios, así como trabajar coordinadamente para dar solución a problemas en el medio rural.
El director general de Concertación Agraria de la Sedatu, Carlos Ernesto Zataráin González, quien representó al titular de esa dependencia, Carlos Ramírez Marín y el secretario de Acción Agraria de la CNC, Víctor Gandarilla García, coincidieron en la necesidad de imprimir agilidad a la concertación y solución de los problemas agrarios a través de la estrecha coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
Gandarilla García dio a conocer que la CNC -organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- ha recibido la solicitud de los presidentes de las Ligas de comunidades agrarias y sindicatos campesinos de todo el país, para acelerar las gestiones de solución a los conflictos agrarios, muchos de los cuales fueron abandonados por parte de autoridades federales de las dos administraciones panistas pasadas, con resultados funestos en cuanto a titulación de predios, delimitaciones, definición de sujetos derechos de tierras ejidales, comunales y de propiedad privada.
El rezago también es notable en cuanto a otorgamiento de créditos, de maquinaria, tecnología y concurrencia a los mercados nacionales, regionales y locales, apuntó Víctor Manuel Gandarilla García.
Consideró que es tema prioritario el de la usurpación de la razón social de la Confederación Nacional Campesina, por parte de supuestos dirigentes.
"Los falsos dirigentes de esas organizaciones fantasma engañan a las dependencias federales por varias razones. Primero, que no cuentan con la membresía correspondiente; segundo, jurídicamente están fuera de la Ley, pues carecen de la autorización del Registro Público de la Propiedad", dijo Gandarilla.
Subrayó que las dependencias federales que desarrollan programas de carácter social, no deben reconocer membretes de organizaciones sin verificar su autenticidad.
