Lo peor que le puede pasar a un gobierno es minimizar los conflictos, tampoco hay que sobredimensionarlos y en función de ello sobrerreaccionar, pero sí ubicarlos en su justa dimensión, atenderlos y darles solución a través del diálogo y las vías institucionales. Hoy es una realidad que, al menos, 3 estados del sur del país viven las protestas de grupos de maestros y normalistas que se oponen a la reforma educativa.
Según el periódico regiomontano El Norte, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, señaló el viernes 26, al inaugurar la 13 Reunión Nacional Extraordinaria de Autoridades Educativas, en la que participan las secretarías de educación de las 32 entidades federativas, que "las protestas son normales en un régimen democrático, pero hay una inmensa mayoría que acepta la reforma y vemos con microscopio a los grupos que no la aceptan. Se nos olvida que la reforma fue aprobada en todo el país por 25 estados y por las dos cámaras del Congreso de la Unión".
El titular de la dependencia educativa y, principal promotor de la reforma, tiene toda la razón al señalar que "las protestas son normales en un régimen democrático"; pero se equivoca en la segunda parte de su oración, pues en un régimen democrático la respuesta a los grupos opositores no es restregarles en la cara su condición de minorías, sino tender puentes de diálogo y tratar de atender (que no implica ceder o satisfacer) sus demandas.
Eso pasa necesariamente por el diálogo y la responsabilidad primaria de iniciarlo es de la autoridad, no de los disidentes, así que también se equivoca cuando dice: "Hemos tenido representantes de esa corriente (CNTE) en la SEP, pero no es nuestra decisión haber cerrado el diálogo", responsabilizando a los maestros de ello. El diálogo no implica únicamente recibirlos, sino la disposición a plantear alternativas, que sin afectar la médula de las reformas, tomen en cuenta las preocupaciones de los grupos disidentes.
No extraña la posición de Chuayffet, pues hay que recordar que él era el secretario de Gobernación en 1997, cuando sucedió la matanza de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que dejó 45 indígenas tzotziles asesinados, de los cuales 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 eran mujeres (7 embarazadas) y 9 hombres adultos. En aquel entonces ni Chuayffet, como titular de Gobernación, ni el gobernador de la entidad, Julio César Ruiz Ferro, reconocían la gravedad de la situación que se vivía en el Estado.
Dada mi función como Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, visité en varias ocasiones el Estado con motivo de las elecciones federales intermedias de 1997 y tuve, al menos, una entrevista con el entonces secretario de Gobernación y el gobernador del Estado. Todos (y todos, son todos incluyendo al presidente del Comité Directivo priista) los actores políticos y sociales con los que dialogué en la entidad nos advirtieron (siempre acudimos acompañados de otros consejeros del Consejo General, algunos consejeros del Consejo Local y algunos miembros de la estructura ejecutiva, particularmente el Vocal Ejecutivo) de la gran tensión que se vivía en la entidad y, particularmente, en la zona del conflicto; todos, con matices, referían el gran número de desplazados y manifestaban que la posibilidad de una masacre flotaba en el ambiente.
Los únicos que lo negaban expresamente, incluso cuando se les refería directamente esta posibilidad, eran precisamente las autoridades. En diciembre la realidad le dio la razón a quienes nos expresaban sus preocupaciones y desmintió a las autoridades, que tuvieron que renunciar a sus cargos unos días después, en enero de 1998, precisamente por su incapacidad para evitar la masacre.
Ciertamente las circunstancias son muy distintas y la naturaleza de los grupos es otra, pero minimizar los conflictos a lo único que conduce es a su exacerbación y crecimiento. Los conflictos hay que atenderlos y solucionarlos desde su origen y nacimiento. Y corresponde a la autoridad hacerlo, pues como señala el politólogo Michelangelo Bovero: "La democracia exige sustancialmente que sus mecanismos institucionales -las reglas del juego, el sistema electoral, la configuración de los poderes públicos, sus funciones y relaciones recíproca- estén estructurados de tal manera que puedan producir decisiones políticas con el máximo consenso y con la mínima imposición".
Y aunque las declaraciones de Chuayffet apuntan a que él ubica esta disidencia dentro de esta mínima imposición, pues incluso la llama "microscópica", lo que es absolutamente indeseable e incluso reprobable, es que la minimización de la oposición, el inadecuado tratamiento de sus demandas o simplemente la inacción, conduzcan finalmente a una represión violenta con la pérdida de vidas humanas que lamentar.
Las protestas que hoy protagonizan los integrantes de la CNTE y los normalistas en Guerrero y Michoacán (y en menor medida en Oaxaca) trastocan la vida de sus respectivas comunidades y, hasta hoy, las autoridades parecen no tener respuesta a las mismas; en ambas entidades, los grupos de maestros opositores ya cuentan con el apoyo de otros sectores de la población, que desde antes expresaban sus demandas.
Sí, los conflictos son naturales en una sociedad heterogénea y la mexicana lo es y mucho; las protestas, son propias de un régimen democrático y México tiene algunas de sus características, aunque sea incipientemente; pero, también en una democracia, cuando los conflictos afloran y las protestas afectan la vida de la comunidad, las autoridades los atienden y los resuelven por la vía pacífica y los cauces institucionales. Y hasta hoy ésta no parece ser la respuesta de las autoridades mexicanas (ni estatales ni federales).
