Informe. Denuncian la violación de derechos humanos de los pacientes internados en hospitales.
A través de un informe especial que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se detectaron diversas irregularidades en los hospitales psiquiátricos del país.
En este sentido, se observó que en el Hospital de Salud Mental "Dr. Miguel Vallebueno" de la ciudad de Durango, dependiente de la Secretaría de Salud, se omite dar aviso al Ministerio Público tal como lo ordena la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, en los casos de ingreso involuntario, es decir, aquellos que no cuentan con el consentimiento del paciente.
Asimismo, se detectó que el formato que se utiliza en este hospital para el consentimiento informado no contiene datos sobre el diagnóstico, el tratamiento propuesto, la duración, los riesgos y secuelas que ocasionará el mismo.
Otra de las irregularidades que detectó la CNDH en el hospital psiquiátrico de Durango, particularmente, fue insuficiencia de personal adscrito; se requieren, de acuerdo a la información proporcionada a la Comisión por los servidores públicos responsables del hospital: ocho psiquiatras, dos paidopsiquiatras, un internista, un neurólogo, un geriatra, tres médicos generales, seis psicólogos, 10 terapistas, cuatro trabajadores sociales, 26 enfermeros psiquiátricos, 60 enfermeros generales y 22 auxiliares de enfermería.
Con estas cifras, el de Durango es el hospital psiquiátrico del país con mayor insuficiencia de personal.
Adicionalmente, se encontró que los medicamentos del cuadro básico y/o psiquiátricos son insuficientes debido a retrasos en el abasto o no son surtidos, lo que provoca que los familiares de los pacientes tengan que suministrarlos.
De acuerdo con la información que recopiló este organismo nacional, en la mayoría de los hospitales psiquiátricos del país, incluido el de Durango, el personal no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos o prevención de la tortura durante el último año.
Con base en los resultados del informe, la CNDH propuso al Secretario de Salud federal y a los gobernadores implementar políticas públicas de apoyo a los hospitales, así como remitir las constancias con las que se acredite el cumplimiento de las propuestas vertidas en el informe.
