Al final de la competencia electoral, el árbitro de las elecciones (IFE) entró en crisis. Varios hechos así lo demuestran. La virtual renuncia del Consejero, Sergio García Ramírez y la petición del PRD para que renuncie el consejero presidente, Leonardo Valdez Zurita.
Los anterior sucede en vísperas de que se resuelvan los Procedimientos de Sanciones a los Partidos por Rebase en los Topes de Gastos de Campaña del pasado proceso electoral, especialmente el de la Coalición Frente Progresista (PRD) que apoyó a AMLO.
¿Qué hacer?
Hay que tomar las cosas con calma. Se trata de una crisis natural, debido al desgaste de la institución en el pasado proceso electoral, unos ganan y otros pierden y a nadie le gusta perder (como en el futbol).
Partidos y consejeros deben moderar sus posiciones para no hacer explotar al IFE. En el tema de sanciones a los partidos en materia de gasto de campaña aún queda la última palabra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el IFE la presión de los partidos en el Consejo General le mete mucho ruido a las decisiones, en el Tribunal en cambio existe menos influencia partidaria y mejor ambiente para estudiar los casos con imparcialidad.
Es difícil pronunciarse a favor o en contra de un expediente electoral, dado que sólo los consejeros del IFE tienen las pruebas y documentos para valorarlas en la resolución.
Tampoco los consejeros deben dejarse presionar demás por los partidos, tienen que ejercer las facultades que la Constitución y la ley le señalan, escuchando y dialogando con las partes.
Un virtual rebase de gastos de campaña le pegaría a cada uno de las partidos afectados en función de las elecciones venideras municipales y locales este año y las legislativas del 2015.
*El asunto más complicado es la renuncia del consejero, Sergio García Ramírez. La solución más fácil es decir, hay que nombrar al otro, sin embargo, eso meterá a la Cámara de Diputados en una negociación difícil; con el antecedente de los 3 consejeros últimos nombrados en diciembre de 2011 se escogieron de una lista especial, diferente a todos los ciudadanos que acudieron a la convocatoria expedida para ello.
Ese procedimiento seguido después de 2007 está desgastado. Lo más viable y honesto es un acuerdo entre los partidos políticos que son los protagonistas del proceso electoral para decidir sobre los futuros nombramientos. Se podían ensayar otros procedimientos como insaculación, exámenes de conocimientos, pero tendrían también riesgos.
Recuerdo la negociación entre partidos del IFE de 1996 fue exitosa y no fue cuestionada por la sociedad. En cambio la del IFE del 2003 fue duramente criticada por la opinión pública (está documentado).
No sabemos exactamente la causa de la renuncia del Consejero, Sergio García Ramírez (SGR). Los nombramientos de consejeros son por 9 años (6 el presidente). Una renuncia no razonada podría traer la lectura de las oposiciones que el consejero que se retira porque "acepto el cargo en el IFE para sacar la elección del 1 de julio a favor de Enrique Peña Nieto y el PRI".
Creemos que SGR que es un jurista honorable en la materia penal, pero si su salida no está justificada por causas de fuerza mayor, la Cámara de Diputados -creo- que válidamente puede rechazarla haciendo una interpretación sistemática de la Constitución (arts. 35 y 36; prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos".
Además, de ser así, seguramente la "familia electoral" (especialistas en el tema) pensará que "la anterior Legislatura 2009-2012 se equivocó. "Habiendo tantos doctos en el tema se llamó a la vieja guardia ¿por qué no invitó a otros profesionistas más jóvenes que aceptaran el cargo por 9 años?"
Otra solución es que se realizara un cambio total del IFE. Una institución que más allá de sus bondades ha sufrido el desgaste natural del paso del tiempo. Quizás sea el momento de dar paso a un Instituto Nacional Electoral (Poder Electoral).
Hay gente valiosa entre los actuales consejeros, pero otros no sabemos de dónde les salió el gusto por la materia electoral. Se trata en algunos casos, igual que los consejeros del IFAI, de improvisados en la materia.
El hecho de que su Secretario Ejecutivo no sea abogado, también le ha quitado seriedad a las actuaciones judiciales y procedimentales del IFE, es un requisito que debe volver a ser obligatorio.
Hay que tomar las cosas con calma y ver lo que más conviene a México, a los ciudadanos y los partidos.
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