Anticipada por el presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la clausura de la asamblea de la Fundación Mexicana para la Salud, la posibilidad de hacer indistintos los servicios de salud en el país para optimizar la infraestructura, la pregunta es si previamente se evitará el colapso del Instituto Mexicano del Seguro Social
A un mes de la presentación ante el Ejecutivo y el Congreso de su informe financiero y riesgos, ni uno ni otro han ventilado salidas frente a la grave postración del organismo, que lo ubica en un escenario de quiebra técnica.
Aunque la instancia tripartita ha paliado sus faltantes de reservas con recursos de la subcuenta uno del Fondo para cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, éste se agotará este año.
Y si bien en la emergencia, durante el 2011, la Ley de Ingresos de la Federación le autorizó transferir excedentes de las reservas financieras y actuariales a los seguros de invalidez y vida y riesgos de trabajo para alimentar las reservas del seguro de enfermedades y maternidad, de acuerdo a un estudio de Consultores Internacionales éstos se extinguirán en el 2016.
Estamos hablando de una rebanada de 67 mil 372 millones de pesos.
Aplazada, pues, la salida por los gobiernos panistas que integraron la docena trágica, el actual gobierno quedó de espaldas al callejón. Se abre la ventana o el enfermo se asfixia.
La posibilidad de una suerte de portabilidad, es decir, que la credencial del IMSS sea válida para recibir servicios en el ISSSTE o en los hospitales del Sector Salud y viceversa, cuyo objeto sería aprovechar hasta la última cama o la última plancha para equilibrar oferta y demanda, pues, colocaría al organismo en situación aún más precaria.
De hecho, su déficit en materia de infraestructura alcanza 30 mil millones de pesos, en un escenario en que los hospitales construidos no pueden equiparse, y hace siete años el organismo no ha podido mejorar su estructura de operación y atención médica.
Para colmo, la posibilidad de homologación del marco en que las empresas calculan el salario-base de cotización con el que se utiliza para calcular el entero del Impuesto sobre la Renta sigue frenada en el Senado ante la oposición de las cúpulas empresariales.
La Coparmex, por ejemplo, empleó un argumento que parece kriptonita contra los partidos políticos: De modificarse la Ley del Seguro Social como lo aprobó la Cámara de Diputados, se cancelaría la posibilidad de mantener o mejorar las prestaciones de los trabajadores.
La alternativa le permitiría al IMSS un ingreso adicional de tres mil millones de pesos anuales, etiquetados en estricto para mejorar la infraestructura hospitalaria.
En la exigencia de contener el alud que representa el deterioro de las reservas, ya en el seguro de enfermedades y maternidad o en el de atención médica de pensionados, además del colosal boquete en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, el IMSS enfrenta un déficit operacional que este año llegará a 18 mil 961 millones de pesos.
De acuerdo al cálculo de Consultores Internacionales, éste alcanzaría el año próximo 19 mil 81 millones… para llegar en el 2040 a 125 mil 55, y en el 2050 a 189 mil 72.
El presupuesto de operación del Seguro Social para este año es de 260 mil millones de pesos.
El mayor foco rojo, decíamos, es el pasivo laboral, es decir, las reservas para pagar las jubilaciones y pensiones de sus casi 400 mil trabajadores activos, cuyo monto alcanza 1.9 billones de pesos, es decir, el equivalente a dos tercios del presupuesto total del Gobierno federal. Durante el 2011, el gasto para pensiones en curso del organismo fue de 49 mil millones de pesos. El reclamo para éste alcanzará 53 mil.
El Seguro Social, dice Consultores Internacionales, "está al borde del precipicio"
La gran pregunta es si alcanzaría un incremento a la tasa del impuesto al consumo para obtener los recursos para apuntalar al organismo, o si el gobierno se atrevería a incrementar las cuotas obrero-patronales de cara a los seguros más golpeados.
¿Se acuerda usted que en su etapa de candidato el presidente Enrique Peña Nieto planteaba suprimir éstas a cambio de multiplicar la recaudación por la vía del Impuesto al Valor Agregado? El IMSS en quiebra técnica.
BALANCE GENERAL
Además de hoteleros, prestadores de servicios y comerciantes, el nuevo marco legal para combatir el "lavado" de dinero afecta también a los arrendadores de inmuebles, quienes están obligados a enviar informes mensuales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para justificar el origen de sus ingresos.
En el país existen 28.6 millones de inmuebles de los cuales 20% se arrienda, lo que implica algo así como 6.8 millones.
De ellos, 340 mil cobran rentas superiores a los 33 mil pesos, en cuyo caso la complejidad de los informes electrónicos es mayor.
De entrada, la Ley exige identificar a los clientes y usuarios basándose en credenciales o documentación oficial, con obligación de comprobación previa de autenticidad.
Más allá, se exige que el cliente o usuario revele su actividad, incluido su registro al padrón de contribuyentes.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios ya pegó el grito en el cielo.
VIERNES NEGRO
Anticipada por Geo y Urbi su decisión de demorar la entrega de sus informes financieros a la Bolsa Mexicana de Valores, y confirmada la grave debacle de Homex, el viernes se convirtió en un día negro para las desarrolladoras inmobiliarias que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
Las acciones de Geo cayeron hasta 16.84%, en tanto las de Homex lo hacían en 22.81. La Bolsa suspendió las operaciones de Urbi.
En su reporte al segundo trimestre del año, Homex reconoció una pérdida neta de 10 mil 500 millones de pesos, con una disminución de ingresos de 84.4%, al registrar sólo mil 143 millones, frente a los 7 mil 144 del mismo período del 2012.
Si de marzo a junio del año pasado la firma había vendido 11 mil 154 casas, ahora sólo alcanzó 710.
Como usted sabe, el gobierno les movió el piso a las desarrolladoras al cambiarles radicalmente las reglas de construcción.
SLIM-DEL VALLE
El mes próximo, finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará oficialmente la planta en la que opera como tal Cementos Fortaleza, ubicada en el estado de Hidalgo. La factoría trabaja desde hace varios meses.
Como usted sabe, la firma que preside Antonio Del Valle, surgió de una alianza con el magnate Carlos Slim, quien vendió 20% de las acciones que tenía en Cementos Moctezuma.
La empresa acaba de obtener el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia para aliarse con la filial en México de la cementera francesa Lafarge.
