El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nació el 19 de enero de 1943 con un modelo de financiamiento igual al de esquemas similares en otras partes del mundo, notablemente en Europa y los Estados Unidos.
El IMSS ha contado desde su origen con aportaciones de los trabajadores, de los empresarios y del Gobierno federal, aplicando un sistema amplio de seguridad social. En el caso de las pensiones por jubilación para sus afiliados, el sistema adoptado inicialmente fue el de reparto.
Como todos los sistemas de seguridad social basados en el concepto de reparto, esto es, que las cuotas de los nuevos afiliados sirven para afrontar los requerimientos de la población que se jubila, el esquema del IMSS no era sostenible.
La reforma a la Ley del IMSS en 1995, instrumentada a partir de 1997, modificó el régimen de pensiones. La idea es que después de un período de transición, donde los trabajadores antiguos tendrían la opción de jubilarse con el sistema de reparto o con el de capitalización, todos los nuevos trabajadores estarían cubiertos sólo por este último sistema.
Esta reforma alivió en parte los problemas financieros del IMSS y, posteriormente, se han realizado otras modificaciones a su marco legal para contribuir a ese mismo propósito.
A la hora de escribir estas líneas, la Cámara de Senadores está pendiente de aprobar unareforma a la Ley del IMSS, que ya pasó la Cámara de Diputados, para integrar varias prestaciones al salario base de cotización y elevar las aportaciones de la parte patronal, aun cuando no resuelve el problema de fondo de dicha institución.
Esto representaría, desde luego, mayores ingresos para la institución, pero plantea, por lo menos, dos consecuencias negativas. Primero, encarecería la generación de empleos formales, mas aún en entidades como Nuevo León, que al tratar de incrementar sus recursos con aumentos en los respectivos impuestos sobre nóminas, aumentan por la vía fiscal los costos de la mano de obra.
La segunda consecuencia negativa y, desde mi punto de vista la más importante, es que reformas como ésa no enfocan el problema de las finanzas del IMSS en su origen: las decisiones distorsionadas por motivos políticos en la asignación de los recursos disponibles, así como la carga insostenible que representan los compromisos asumidos con el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social.
El problema medular es que este Instituto, a lo largo de su historia, ha experimentado varios cambios que, en principio, debieran haber sido para mejorar el servicio prestado a quienes son su razón de existir: sus trabajadores afiliados. Sin embargo, en la práctica los mayores beneficiarios del IMSS son sus propios trabajadores, quienes han convertido al Instituto en un barril sin fondo.
Éstos, a través de diversas conquistas sindicales, fruto de años de presiones políticas y de una "generosidad" irresponsable de gobiernos y legislaturas anteriores, han acumulado jugosos beneficios laborales y económicos que hacen palidecer a los que se otorgan a los trabajadores afiliados y sus familias.
El saneamiento del IMSS no requiere, por tanto, de cargas mayores para patrones y derechohabientes, sino que nuestras autoridades dejen de aplicar aspirinas y realicen cirugía mayor a dicha Institución.
Se requiere modificar el contrato colectivo con los trabajadores del Instituto para eliminar o reducir canonjías, elevar el número de años de antigüedad y la edad mínima de retiro, así como sustituir el esquema actual por uno donde los trabajadores financien su jubilación utilizando sólo sus cuentas individuales de retiro.
Por otra parte, el pésimo servicio que presta el IMSS requiere no sólo de una reforma que modifique el actual sistema de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores, sino que además abra la posibilidad de que sean los consumidores quienes elijan los proveedores de los servicios de salud.
El gobierno financia el gasto médico y de salud, pero ello no quiere decir que necesariamente tiene además que proveerlo. Por ejemplo, en Holanda más del 90 por ciento de los hospitales que proveen los servicios de salud pública son organizaciones privadas.
En conclusión, el verdadero problema del IMSS son los beneficios como los esquemas de pensiones y jubilaciones de sus empleados que son insostenibles. Urgen, en consecuencia, cambios legales profundos para evitar que su pasivo laboral nos lleve, en algunos años, a un trastorno financiero mayúsculo.
Lamentablemente, nuestros políticos eluden esta tarea porque están acostumbrados a tomar los caminos de menor resistencia. Preparémonos, por tanto, para una serie de alzas en las cuotas de los obreros y los patrones, a medida que las finanzas del Instituto sigan deteriorándose por los privilegios de sus trabajadores.
