En la administración del expresidente Felipe Calderón, el Gobierno federal apenas recuperó 25.2 millones de pesos en multas a servidores públicos a quienes acusó de corrupción, lo que representa apenas 0.33% de las sanciones que intentó imponer tan sólo en el año 2011.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no argumentaba bien en tribunales o de plano dejaba pasar meses o años sin presentar las pruebas en contra de los acusados, además de que cometía fallas simples como anotación errónea en sus bases de datos del registro federal de contribuyentes del infractor.
En 37 casos revisados en la auditoría a la gestión 2011, identificó castigos por 459 millones de pesos que "fueron impugnadas y ganadas por los servidores sancionados, debido a que los Órganos Internos de Control de la SFP no motivaron ni fundamentaron las irregularidades imputadas y, en otros casos, prescribieron sus facultades sancionatorias por no realizar las gestiones en los plazos establecidos, destacando dos sanciones en Pemex por 212 millones".
