El mensaje dirigido a la nación por el presidente Enrique Peña Nieto, lejos de contener un informe del desempeño del Gobierno Federal a su cargo, consistió en un repaso de temas pendientes.
Desde luego que las reformas constitucionales y legislativas en materia educativa y energética que están en manos del Congreso de la Unión son cosa importante y se entiende que conforme a los antecedentes históricos, enfrenten la oposición de grandes intereses políticos, burocráticos y sindicales, generados y fortalecidos desde el siglo pasado en el marco del viejo sistema de partido de estado.
En ese orden de ideas, si bien algunas corrientes de opinión dan por sentado el avance formal de las reformas, falta saber hasta qué punto resultarán eficaces en función de la mutilación de que sea objeto su aprobación y la medida en que puedan resultar aplicables y aplicadas en el mundo real, sobre todo en el ramo educativo, en los estados que por fortuna son minoría, en los que la disidencia magisterial alcanza proporciones de insurrección.
El informe no explica las causas del subejercicio presupuestal que ha hecho de estos primeros nueve meses de gobierno tiempo perdido, generando con ello una parálisis de la obra pública que tiene en jaque a las finanzas del país y amenaza con generar una crisis económica como las que sexenalmente golpeaban en la era priista, desde tiempos de Echeverría a los de Salinas de Gortari.
La realidad es que la situación que enfrentamos era previsible con el regreso del PRI al poder, pero aún los escépticos supusimos que la luna de miel duraría un poco más y que al menos en el arranque habría una recuperación, lo que por desgracia no ha ocurrido.
En el rubro de seguridad las cosas no pintan mejor. La estadística presentada respecto a la presunta reducción de los homicidios no es confiable, porque el Gobierno ha cambiado a su arbitrio los criterios de cuantificación diferenciando los homicidios que se consideran producto de la delincuencia organizada de los que pudieran ser resultado de otras causas, lo que en el marco de un sistema de procuración de justicia y de policía que no investiga, constituye un ejercicio que no tiene fundamento.
El problema esencial aún reside en la falta de acuerdos políticos: El PAN promueve las reformas, pero acusa al Gobierno Federal de quedar corto; el PRD se debate entre la institucionalidad y la confrontación radical, mientras la alianza de intereses que llevó al poder a Peña Nieto, cobra sus facturas y se resquebraja. El espacio dejado por la retracción del Estado a raíz de la alternancia del año dos mil, generó un vacío que no ha sido ocupado por una sociedad articulada, sino por familias, grupos invertebrados y ciudadanos dispersos, vulnerables a la manipulación. Esta idea fundamental, explica por qué hay gente que sigue votando por el PRI.
Una de las notas de prensa más importantes de la semana pasada, que pasa desapercibida en medio del escándalo de las protestas y bloqueos en la Capital de la República, concierne a la decisión de los gobiernos priistas de los estados agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores, que declaran que no están dispuestos a trabajar en pos del mando único policiaco en sus estados, alegando que las condiciones sociales son diferentes en cada región del país.
Lo anterior es desconcertante, porque desde Ernesto Zedillo la unificación de las policías así como la uniformidad en los criterios de reclutamiento, capacitación y control de confianza, han sido uno de los ejes fundamentales en materia de seguridad. La declaración de los gobernadores le ha dado el tiro de gracia a esa estrategia, sin hacer propuesta alternativa alguna y sin que el gobierno de Peña Nieto diga esta boca es mía.
El planteamiento de los gobernadores de la Conago, es absurdo. Es verdad que ciertas condiciones sociales difieren en las diversas regiones del país, pero llegar al extremo de considerar a México como si fuera la región de los Balcanes en la frontera entre Europa y Asia, para justificar un exclusivismo regional semejante al de un sistema feudal, vulnera al pacto federal y amenaza con desintegrar las bases de entendimiento de la sociedad mexicana en su conjunto.
Lo anterior porque las pretensiones autonómicas extremas de los gobernadores de los estados, que en el caso constituyen una auténtica rebelión, tienen su origen en compromisos inconfesables contraídos por esos gobernadores a nivel de las diversas regiones, con factores reales de poder que son enemigos de las instituciones y de los ciudadanos de este país.