El pasado tres enero el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el priista Francisco Arroyo Vieyra, presentó una iniciativa de reforma al artículo primero de la Constitución de la República, que amenaza a los derechos fundamentales de los mexicanos.
El texto que la iniciativa pretende eliminar fue incorporado a la Constitución hace apenas año y medio, el 10 de junio de 2011 y a la letra dice: "Las normas relativas a los derechos humanos, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia".
Lo anterior quiere decir que en un caso que sea del conocimiento concreto de un juez, si existiere duda en aplicar la norma constitucional o el tratado internacional, se preferirá el que más favorezca al solicitante de justicia. Como se advierte, la adición del texto tuvo por objeto poner al sistema jurídico de nuestro país en consonancia con tendencias mundiales que pretenden ampliar y profundizar en el respeto de los derechos individuales, y tratar de suprimirlo, implica un retroceso autoritario.
La razón por la cual en materia de derechos humanos se atribuye a los tratados rango constitucional es de elemental congruencia, porque no se entiende que a nivel internacional contraigamos compromisos que reconozcan determinados derechos de los ciudadanos, que al interior de nuestras fronteras puedan ser objeto de restricción o menoscabo por otras normas jurídicas que se les opongan, pues tal actitud nos convertiría en candil de la calle y oscuridad de la casa.
Los derechos humanos son aquellos esenciales al hombre y al ciudadano, también conocidos como garantías individuales de libertad, legalidad, etcétera, cimentados en la igualdad de todos los hombres en cuanto a su dignidad, respecto a cuyos derechos se ha sostenido una lucha milenaria de inspiración cristiana, que en las diversas épocas discurre en avances y retrocesos recurrentes frente al poder público.
La iniciativa en comento es una amenaza desde la cúpula del poder debido a su origen, en virtud de que Francisco Arroyo es diputado plurinominal y Presidente de la Comisión Permanente, precisamente por su vinculación al primer círculo de Enrique Peña Nieto y su partido el PRI, y resulta impensable que pudiera actuar por cuenta propia en un asunto de tal importancia.
En el mundo y en nuestro país han cambiado las cosas para mejorar en el tema de derechos humanos, y el negarlo o restarle importancia es hacer el juego a tendencias autoritarias que de modo irresponsable afirman con ligereza, que todos los gobiernos o todos los políticos son iguales.
Hoy día nuestros Jueces y Magistrados Federales se encuentran en un programa permanente de capacitación para aplicar los tratados internacionales en materia de impartición de justicia, precisamente con la visión y la voluntad de ajustarse al respeto a los derechos humanos al desempeñar su labor.
Sin embargo ni las procuradurías de justicia ni las policías han estado a la altura de la capacidad que se requiere para probar la causa y responsabilidad específica en muchos casos, lo que ocasiona una tensión entre policías y ministerio público por una parte y jueces por otra, porque estos últimos suelen liberar a detenidos que han sido llevados a juicio sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento.
Esta situación genera la equivocada impresión de que el respeto a los derechos humanos es un freno negativo para el Estado en la tarea de seguridad pública y el combate al delito, y con tal pretexto han surgido posturas que pretenden menoscabar tales derechos fundamentales, lo que implicaría además de una violación a los tratados internacionales en la materia, la mengua de las libertades esenciales de los gobernados que de inmediato trascendería de modo negativo al campo de los las libertades cívicas y los derechos políticos.
El modo cuasi furtivo en que se hace la iniciativa que nos ocupa, se revela como el envío de un globo de sonda para tantear el ambiente político y medir las posibles reacciones de la sociedad y los partidos de oposición en el tema de que se trata.
Es importante que en nuestro país surjan voces para evitar que prospere la referida iniciativa, porque es tarea de la sociedad civil detener la expansión del poder del estado, cuando crece a costa de las libertades individuales.
