Iniciamos el mes de agosto con dos noticias, ambas preocupantes por la incertidumbre que nos generan, en relación a la aplicación de la justicia y la posición de debilidad del poder judicial.
Una de ellas, local, de aparente poca importancia: cuatro sujetos fueron detenidos, luego del robo de una tienda de conveniencia, - nada fuera de lo normal en nuestra realidad social -sorprendiéndoles con la cantidad de dinero robada y mercancía que habían tomado de los anaqueles.
La relación de coincidencias en cantidad de dinero y mercancía, parecieran pruebas sobradas de culpabilidad; sin embargo, fueron puestos en libertad al "no poder probar las acusaciones que se les hacían".
La otra noticia fue a nivel nacional: luego de dieciséis años de litigio, Raúl Salinas de Gortari, aquel que se le conoció como el "hermano incómodo", quedó exonerado al demostrar su inocencia en todos los cargos que se le imputaban.
El juez, apegado de derecho, ordenó se le regresaran sus doscientos veinticuatro millones de pesos, descongelar sus doce cuentas bancarias y devolverle 24 propiedades aseguradas desde 1996.
Los dos casos son buenos ejemplos. El primero, por ser del fuero común, que alcanzaron a librarse de la justicia por la incapacidad de los trabajadores públicos que conocieron de caso, haciendo valer la Ley; el segundo, en el otro extremo de la escala económica de nuestro país, que tuvo los recursos suficientes para demostrar su inocencia, a pesar de las evidencias que en su momento se hicieron del conocimiento público.
Las causas de los agravios a la sociedad, al no ser moralmente justos, favorecen el delito, porque "no podemos tratar a los desiguales como iguales".
Van desde las jurídicas, donde los abogados defienden el derecho, aunque reconocen las diferencias en la aplicación, con las leyes morales.
La falta de capacidad técnica, por la pobre capacitación laboral, que incluye desde los policías preventivos hasta todos los trabajadores del poder judicial, es otra de las explicaciones, quizá de las más importantes. Sé que se hacen grandes esfuerzos por capacitarlos; me consta de programas académicos rigurosos, que se les ofrecen a jueces, por ejemplo, para su mayor dominio del área profesional en que se desempeñan, pero es insuficiente.
Otra causa que podemos enumerar es la corrupción, que es área de verdadera oportunidad para mejorar. Insistir en el tema es innecesario, abundan datos. Tan sólo recuerde los miles de chistes que se hacen sobre abogados defensores, acusadores y jueces, incluidos todos sus colaboradores.
Habría que revisar la vigencia de regulaciones, reglamentos, leyes y políticas de procedimientos que se aplican ineficientemente, por cualquiera de las razones antes enunciadas, la mezcla de varias o todas.
Al respecto, el Lic. Ricardo Sánchez Reyes, penalista y catedrático universitario, en alguna ocasión se devanaba los sesos tratando de hacerme comprender el concepto de derecho, que se refiere a la equivalencia que debe existir entre el delito y su penalización; a mayor delito y/o frecuencia del mismo, el endurecimiento de las penas también debe incrementarse.
Dejo a los conocedores del área profesional, el diálogo sobre la pertinencia de ajustar esa relación de beneficio social.
La sociología nos habla de la secuencia lógica que se da entre las distintas sociedades al tener usos que con el tiempo se hacen costumbres; de ellas nacen las normas y finalmente alguien con autoridad las asienta como leyes.
La regla falla cuando se dejan de actualizar las normas y su efecto provocado en la sociedad; las mismas se desequilibran, al quedar por abajo las penas a delitos que requieren de mayor contención, consecuentemente se favorece la ilegalidad.
Tampoco dejemos pasar por alto la relación que existe entre corrupción e impunidad y hoy día, ante nuestra realidad nacional, aceptar que hay otros factores como el chantaje que genera temor, la falta de garantías para nuestra seguridad personal y familiar, que complican el ajuste de las leyes.
Recuerde aquello de "plata o plomo" o la otra más descriptiva, que llegué a escuchar sobre policías, que le decían a un novato que no estaba dispuesto a mancharse las manos en algún operativo: "aquí no queremos testigos, solo aceptamos cómplices".
Recuerde que justicia, ser justo, es "darle a cada quién lo que le corresponde -merece-" y en muchas de las ocasiones no es así: bien tratado aquel que tiene recursos para defenderse y desatendido quien no cuenta con los medios para pagar su defensa.
A pesar de las dificultades, hay que continuar buscando soluciones, como la propuesta por el Presidente Peña Nieto, que deberá ir acompañada de otras acciones, como la educación formal y obligatoria, un marcado endurecimiento en la aplicación de la ley, particularmente entre aquellos que delinquen aprovechando el puesto público que la sociedad les ha confiado y el fortalecimiento de la adopción de los valores sociales. ¿Le parece?
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