Hace cinco años inició el proceso de evaluación de las policías estatales y municipales con el fin de dar de baja a los elementos coludidos con el crimen organizado... y aún no termina.
Un primer plazo se fijó para el 31 de octubre de 2012. Ante el incumplimiento de la mayoría de las corporaciones, se concedió un año más, que concluye el próximo 31 de octubre, fecha en la que debería estar terminada la depuración. Pero no será así.
Ayer 15 de octubre, senadores de los tres partidos con mayor representación en la Cámara Alta presentaron una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con la intención de prorrogar por un año más el plazo para la certificación de los policías del país.
La iniciativa, presentada por el priista Omar Fayad, presidente de la comisión de Seguridad Pública, y apoyada por el panista Fernando Yunes, presidente de la comisión de Defensa Nacional, se plantea además que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) esté obligado a presentarse ante el Senado para rendir un informe del avance del programa a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.
De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, que preside María Elena Morera, a sólo 15 días para que concluya el plazo fijado el año pasado para que todos los policías del país estén certificados, sólo 75% del personal de seguridad y justicia ha sido evaluado.
