La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas en materia de secuestro y trata de personas que el año pasado aprobaron los congresos de Colima, Aguascalientes, Coahuila y Baja California Sur, sin embargo, estableció que ningún procesado o sentenciado quedará en libertad por este fallo.
El pleno del máximo tribunal declaró como inconstitucionales las modificaciones a los Códigos Penales y de Procedimientos de dichas entidades federativas, al estimar que los Congresos locales no están facultados para legislar en estas materias.
Con votaciones de siete a cuatro en el caso de la reforma de trata en Colima, y seis a cinco en las de secuestro de los otros estados, los ministros instruyeron reponer todos los procesos iniciados con el efecto de los artículos ahora invalidados, razón por la que no quedarán en libertad los sujetos a juicio o sentenciados bajo dichas normas.
De acuerdo con los ministros, los juicios iniciados antes del 14 de junio de 2012 por estos delitos deberán ser repuestos por los juzgados con base en los artículos de los Códigos Penales que estaban vigentes antes de la reforma invalidada de los legislativos locales.
En los procesos que iniciaron después de esa fecha, se aplicarán en forma retroactiva las Leyes Generales para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y para Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Las resoluciones del máximo tribunal corresponden a cuatro acciones de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República en el último año del sexenio pasado, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de las cuatro entidades federativas.
Desde hace dos semanas, los ministros tenían claro que eran inconstitucionales las reformas de los Congresos estatales, por ser contrarios al artículo 73, fracción XXI, de la Carta Magna, que faculta sólo al Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro y trata de personas. Sin embargo, no habían definido los alcances de esta decisión, que tendría consecuencias en un número determinado de personas procesadas por secuestro y trata de personas, delitos que son graves en todas las leyes federales y locales.
