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Invalidan ley que acota las redes

Inválido. Veracruz había establecido como delito el uso de las redes sociales en materia de seguridad para evitar rumores.

Inválido. Veracruz había establecido como delito el uso de las redes sociales en materia de seguridad para evitar rumores.

AGENICAS

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mayoría de votos de 10 contra uno, declararon la invalidez del artículo 373 del Código Penal de Veracruz, que entró en vigor en septiembre de 2011, mediante el que se estableció el delito de perturbaciones al orden público y con el que se buscó acotar la difusión de mensajes o rumores en materia de seguridad a través de las redes sociales como Twitter. Es el primer fallo del Alto Tribunal vinculado al uso de estas herramientas tecnológicas.

Cabe recordar que esta reforma surgió en la entidad tras la detención de dos usuarios de Twitter María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, que en agosto de 2011 fueron acusados de "terrorismo equiparado y sabotaje", que alertaron en la red sobre presuntos tiroteos del crimen organizado, que resultaron falsas alarmas.

Aunque la acusación contra estos tuiteros no prosperó, los legisladores veracruzanos reformaron el Código Penal para poner límites a la libertad de expresión y evitar la propagación de falsos rumores, incluyendo a las redes sociales.

No obstante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso el recurso de inconstitucionalidad 29/2011, al argumentar que el referido artículo del Código Penal de Veracruz "es contrario a la libertad de expresión que consagra la Constitución, la restricción de ese derecho debe ser proporcional al interés que la justifica. En caso de ponerse límites a ese derecho, deben establecerse de forma clara con apego a la legalidad".

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, elaboró el proyecto en el que estableció que el artículo en el que se tipificó el delito de perturbaciones al orden público, representó una "medida legislativa desproporcionada".

Al respecto, el gobierno de Veracruz dijo compartir el criterio de la Corte y de los organismos de derechos humanos.

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