"Rodantes y quieren cobrar como si fueran Rolls Royce o Bugatti."
Leonardo Serrano
El Gobierno de la Ciudad de México anunció este 26 de marzo un incremento en las tarifas del transporte público. El costo básico de los colectivos subió de 3 a 4 pesos (33 por ciento) y el del Metrobús de 5 a 6 (20 por ciento). También aumentaron los precios de taxis, aunque no el del Metro, que se mantiene en los 3 pesos que cuesta desde 2010. Las otras tarifas del transporte público no se habían modificado desde 2008. De hecho, los precios que se cobran en la Ciudad de México son significativamente inferiores a los del resto del país.
Las reacciones eran previsibles. Las críticas han llovido. Los enemigos políticos del gobierno capitalino, los mismos que aumentarían incluso más los precios de estar en el poder, hablan de un albazo contra la economía popular.
El problema es que castigar a las empresas concesionarias con precios excesivamente bajos no sólo no ayuda sino que profundiza estos males. Al final los concesionarios y los conductores de los vehículos empiezan a violar la ley para rescatar algunos centavos adicionales de cada pasajero.
El problema de fondo es que gobiernos como el de la Ciudad de México encauzan sus esfuerzos de manera equivocada. Su principal estrategia ha sido controlar precios y reducirlos al mínimo. El resultado es la pauperización del transporte. Esto ocurre siempre que la autoridad aplica controles de precios que no reflejan la realidad del mercado. En cambio el Gobierno ha sido negligente o cobarde en lo que sí debería ser su responsabilidad: obligar a conductores y concesionarios a respetar la ley y los reglamentos de tránsito.
Estoy seguro de que tendríamos un mejor sistema de transporte público, no sólo en la Ciudad de México sino en otros lugares del país, con un esquema regido por el mercado más que por las decisiones discrecionales de políticos y burócratas. Parte del problema es que el gobierno genera monopolios. Otorga a un concesionario el derecho exclusivo de "explotar una ruta" a la que ningún rival puede entrar para competir. Esto genera incentivos perversos de operación y defensa del "territorio" y también corrupción de los funcionarios que otorgan los monopolios.
El gobierno no debería estar en el negocio de crear y proteger monopolios privados sino en el de regular el transporte público para beneficio de los usuarios. Las rutas deberían estar abiertas a la competencia y los concesionarios tener la posibilidad de cobrar el precio que consideren adecuado en un ambiente de competencia. El público paga hoy más por el Metrobús porque sabe que el servicio es mejor. La autoridad, por otra parte, debe tener reglas claras de operación y concentrar su esfuerzo en obligar a los concesionarios y conductores a ajustarse a los reglamentos.
Pero nuestros políticos quieren controlar precios. Dicen que lo hacen para beneficiar a los más pobres. Como siempre que tratan de hacer algo sin entender cómo funciona la economía, terminan perjudicando a todos, pero sobre todo a los más pobres, que son los que usan el transporte público.
Por primera vez los mexicanos podremos comprar acciones de una petrolera estatal a través de la Bolsa a partir del 2 de abril. Desafortunadamente no es Pemex, que seguirá siendo controlada por grupos caciquiles. Los mexicanos, sin embargo, podremos comprar acciones de la noruega Statoil.
