Presumida en interminable cadena de spots como el principal logro del nuevo gobierno priista, por más que su tutoría llevaba la firma del expresidente Felipe Calderón, la reforma laboral se ubica en el callejón, al acumularse 800 mil solicitudes de amparos individuales de trabajadores sindicalistas.
El escenario ubicado como la panacea para flexibilizar las relaciones laborales, en cuyo marco, a juicio de la Coparmex, se crearía un millón y medio de nuevos empleos anuales, está siendo impugnado en los tribunales no sólo por sindicatos independientes, sino por oficialistas.
En la lista está la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, de filiación priista; el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, hasta hace unas semanas bastión panista y el acomodaticio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por Elba Esther Gordillo.
A diferencia de otros reclamos de leyes que se consideran violatorias a la Constitución, en este caso las solicitudes individuales vía machotes presentan impugnaciones específicas, en la mira de derogarlas sin afectar el todo.
Entre los puntos impugnados está la posibilidad del trabajo por horas que de acuerdo con la propaganda panista permitiría contratar a estudiantes y mujeres con compromiso de maternidad.
Más allá, está la legalización de las contrataciones vía tercerías o empresas outsourcing, sin hacer corresponsable a la firma contratante de los excesos de las contratadas, como el no ofrecer las mínimas prestaciones ni inscribir a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit o Sistema de Ahorro para el Retiro.
La impugnación también apunta a la posibilidad de periodos a prueba o capacitación en la fase previa a la contratación de los trabajadores, cuyo lapso podría alargarse por seis meses.
Además, se pelea por la apertura de la posibilidad de contratación de menores en las empresas, al estilo de los aprendices del viejo pasado, lo que está expresamente prohibido en la Constitución.
Y si le seguimos, el acotarse a un año la posibilidad de recibir salarios caídos en el caso de trabajadores que habiendo sido despedidos injustamente hayan acudido a los tribunales laborales a pelear su reinstalación, cuyos juicios llegan a prolongarse hasta por 7 años.
El sindicato más activo en la pelea es el Seguro Social, con 400 mil solicitudes de amparo, es decir, la totalidad de sus bases; le siguen la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con 200 mil; el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF, con 100 mil…
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, encabezado por Francisco Hernández Juárez, patrocina 30 mil solicitantes.
De acuerdo con la norma, aunque los expedientes se consignarán en diferentes juzgados, al final del día el asunto, dada la violación a la Constitución que se señala, llegará hasta la Suprema Corte de Justicia.
En el pasado, los trabajadores del IMSS habían impugnado reformas aprobadas por el Congreso que permitían modificar las cuotas para el fondo de pensiones y jubilaciones, así como la edad y condiciones de retiro para los trabajadores que ingresaran a futuro al régimen de jubilaciones y pensiones…
Más allá, los trabajadores públicos impugnaron la reforma que permitía la incorporación a un nuevo esquema de carácter privado para acceder a una jubilación o pensión, desligando al ISSSTE del compromiso...
En los dos casos las demandas masivas las perdieron los reclamantes, alegándose que los esquemas no afectaban derechos adquiridos por los trabajadores activos, dado que había la posibilidad de optar por el viejo esquema.
El jaque, a querer o no, le coloca una grieta al llamado Pacto por México, lo que pondría a las propuestas de reformas bajo la lupa en contrario al deseo de pasar fast-track en el Congreso.
El primer gran obstáculo al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Descubierta una oscura maniobra desde la Secretaría de Gobernación para reorientar decenas de permisos para operar casas de apuestas de una razón social a otra… integrada por exfuncionarios panistas, faltando tres minutos para cerrar el sexenio, el nuevo gobierno priista está colocando la lupa en otro extraño caso que convirtió a una mujer, Claudia Rincón Pérez, en la reina de las licitaciones.
Dueña de siete empresas, Ofi Store, Soluciones Tecnológicas Especializadas, Redes y Soporte en Microcomputación, Ingeniería en Cómputo y Apelaciones, y Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, la dama ganó desde 2003 contratos con el sector salud por mil 300 millones de pesos.
El catálogo habla desde venta de discos duros y cintas de impresión hasta electrolitos… y pañales.
El truco, al parecer, era inscribir a dos empresas en el mismo concurso, a una de las cuales le había sido confeccionado previamente un traje a la medida.
Realizada una "limpia" de funcionarios en el IMSS en noviembre de 2011, ante sospechas de complicidad, la mujer decidió cambiar su mira hacia la Comisión Federal de Electricidad… quien le dio su primer contrato ese mismo mes.
AXTEL METE REVERSA
Considerada inadecuada su oferta de intercambio de bonos de deuda de largo plazo por los tenedores, Axtel está colocando en la mesa una nueva, que plantea condiciones más atractivas.
De entrada, el rendimiento de los papeles de los nuevos bonos a redimirse en 2020, que se canjearán por otros que vencen en 2017 y 2019, crecerá gradualmente de 7 a 9%.
Más allá, los nuevos papeles podrían convertirse en acciones que representarían hasta 12.6% del capital de la compañía.
La deuda total de la firma de telefonía con los bonos a intercambiar es de 780 millones de dólares.
APERTURA PARCIAL EN PEMEX
Ante la posibilidad de un movimiento nacional contra la alternativa, el gobierno está dando marcha atrás a la posibilidad de abrir la participación de capital privado nacional y extranjero en Petróleos Mexicanos, vía una reforma al artículo 27 de la Constitución.
Sin embargo, se habla de colocar rendijas en capítulos específicos que en teoría no implicarían modificar la Carta Magna.
Estamos hablando de permitir la participación privada en la extracción de gas shale; en petroquímica básica, en refinación y en transporte de petrolíferos.
Ahora que la parte fuerte de la reforma energética plantearía el despetrolizar la economía, es decir liberar a Pemex de la excesiva carga fiscal que enfrenta.
De hecho, existe un comparativo con Petrobras de Brasil, en cuyo caso los tributos alcanzan 16% de los ingresos de la empresa, frente al 30 que se le impone a Pemex.
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