La singularidad de Jimulco descrita en las dos anteriores colaboraciones tiene un agregado más: en 2003 se convierte en la primera reserva ecológica de categoría municipal, una vez que dos alcaldes, Salomón Marcos y Guillermo Anaya, apoyaron la gestión para que el Cabildo de Torreón la declarara como tal. A pesar de ese logro, la gestión de ese espacio protegido no ha sido tan tersa, ha tenido que enfrentar complicaciones entre las que destaca la escasa importancia que ha recibido de parte de las administraciones locales, particularmente la que concluye este año.
Del impulso que se da en 2002 por el primer alcalde citado, a la declaratoria que ocurre durante la gestión del segundo, ya en 2003, cuando el gobierno municipal asume la administración de la reserva ecológica y emprende acciones de conservación en ella; en 2006, a inicios de la gestión de José A. Pérez, surge la controversia con el titular de la oficina de Ecología Municipal que deriva en la transferencia de la administración a Biodesert, la asociación civil que más cerca venía acompañando este proceso, y durante 40 meses se hizo responsable del área.
En este lapso se obtuvieron importantes resultados como la gestión de recursos ante la Comisión Nacional Forestal que permitieron realizar acciones de conservación en Jimulco y generaron una derrama económica en las comunidades, se integró un registro completo de la biodiversidad existente en este espacio protegido que sirvió de soporte técnico para gestionar el apoyo que hoy reciben dos ejidos de pago de servicios ambientales por el concepto de conservación de biodiversidad, en materia de educación ambiental, participación comunitaria, ecoturismo, inspección y vigilancia, entre otras. En ese período también se suscita la controversia laboral con personal técnico del área que termina con su rescisión de contrato.
En el convenio firmado entre Biodesert y el gobierno municipal, también se acordó que al concluir el período establecido sería transferida la administración a un organismo ciudadano que ampliara la participación de la sociedad e incluyera al mismo gobierno local, sucediendo de esa manera y dando origen a la Fundación Jimulco, donde confluyeron actores diversos como tres universidades, igual número de cámaras empresariales y cuatro grupos civiles, entre estos últimos el que representa a los ejidos de Jimulco.
En este nuevo esquema que representa la participación de un organismo ciudadano como Fundación Jimulco, se parte de un ejercicio de gobernanza, poco común en nuestro país, mediante el cual Gobierno municipal asume su responsabilidad de asignar recursos para la administración de la reserva ecológica, y el organismo ciudadano, apoyado en un equipo técnico, un Consejo Asesor y la participación de las comunidades, facilitan la gestión del área y de recursos adicionales (que han sido de dos o tres a uno: por cada peso que asigna el municipio, Fundación Jimulco lo multiplica por dos o tres más) que permitan realizar acciones de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, pero también promovieran opciones de trabajo en las que se involucre la población y detonar un desarrollo local.
Quizá para los políticos convencionales aún es difícil entender esquemas de gobernanza como éste, o también es notorio que la atención de asuntos propios de una agenda ambiental sean parte secundaria en su toma de decisiones, o que la región se haya visto inmersa en un entorno marcado por la inseguridad, el asuntos es que desde finales de la administración anterior y durante casi todo el período de la que está por concluir, se regatearon los recursos para administrar el área al grado que en este año no se asignó centavo alguno, reduciendo las capacidades de gestión y poniendo en riesgo la protección de sus recursos naturales ante las constantes amenazas que se enfrentan para conservarlos.
En el concepto de política pública que rige a nuestros políticos convencionales aún hay resabios culturales que limitan la apertura a la participación ciudadana no partidizada o corporativizada, la emergencia de la sociedad civil es vista como una amenaza y no como una oportunidad de crear sinergia con la diversidad de organismos sociales que surgen producto del déficit de gestión gubernamental, como el que ocurre en Torreón; el asunto es de que la gestión pública, en no pocas ocasiones, evidencia, con acciones marcadas por la opacidad, la ausencia de políticas ciudadanas.
Lamentablemente, es también común observar en la gestión pública la ausencia de agendas ambientales donde se propongan, desde sus respectivas competencias, políticas y programas que atiendan los cada vez más severos problemas que enfrenta la población derivados del deterioro ambiental y que inciden en su calidad de vida, esto es patente en La Laguna con el agua, el aire, los suelos agrícolas, los residuos sólidos y, en algunos casos, cuando se tiene el privilegio de albergar dentro de un territorio la escasamente valorada biodiversidad y los ecosistemas donde habita.
Al respecto, la próxima administración de Torreón ha expresado sensibilidad a ambos aspectos, denota, hasta ahora, interés por establecer una sinergia con los organismos ciudadanos que desde hace años quieren recuperar el deteriorado ambiente, a la vez de que, conjuntamente con ellos y otros actores que inciden o desempeñan un papel importante en la economía local, construir una agenda ambiental de amplio alcance para el espacio urbano y rural, este último conformado por Jimulco, algo que será posible si sólo se le asigna presupuesto adecuado al área ambiental de la gestión pública local, y si se toman las decisiones pertinentes. El tiempo y los actores involucrados lo dirán, creo que los torreonenses merecen ese cambio.