La Procuraduría General de la República ratificó las conclusiones no acusatorias en contra de cuatro generales, un teniente coronel y dos mayores del Ejército Mexicano, con lo cual todos fueron exonerados y liberados; la dependencia asegura que los testimonios de los tres testigos protegidos que los vinculaban con el cártel de los Beltrán Leyva no fueron corroborados y, por lo tanto, no eran suficientes para responsabilizarlos.
En abril pasado obtuvo su libertad el ex subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare; el 26 de junio, el mayor Arturo González Rodríguez; y el pasado viernes, los generales Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto; el mayor Iván Reyna fue trasladado a un penal de Querétaro, ya que enfrenta un juicio por extorsión en dicha entidad.
Los siete militares fueron detenidos entre el 15 y el 18 de mayo de 2012; inicialmente fueron arraigados por 90 días y, posteriormente, consignados ante el Poder Judicial y trasladados a penales federales para enfrentar el juicio, que finalmente se derrumbó ante las conclusiones de la PGR.
Los testigos protegidos que inculpaban a los militares fueron el abogado Roberto López Nájera, identificado en el expediente como "Jennifer" y defensor del cártel de Los Zetas; y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, identificado como "Mateo" y operador de los Beltrán Leyva. Los acusadores narraban supuestas reuniones entre los narcotraficantes y los militares, donde les entregaban dinero y acordaban la protección que les brindarían, pero según la PGR éstas nunca pudieron corroborarse.
La excarcelación de todos los militares involucrados acrecienta las dudas en torno a la justicia mexicana y, por lo mismo, el desenlace del caso no puede ser simplemente su liberación, ya que requiere de una investigación a fondo y el fincamiento de responsabilidades. Hasta hoy, dados los recurrentes fracasos de la PGR durante el gobierno de Calderón, todas las baterías apuntan hacia ellos, sin embargo, una investigación seria, profesional e imparcial no puede dejar de lado a los jueces ni a los actuales funcionarios de la PGR.
Si toda la responsabilidad es de la ex procuradora Marisela Morales, del ex subprocurador Cuitláhuac Salinas y el ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, como parece ser la hipótesis central, habría que integrarles la averiguación previa correspondiente y, en su caso, consignarlos, pues todo indica que fabricaron declaraciones y culpables.
Pero también debe investigarse a los jueces que dictaron las órdenes de arraigo y, sobre todo, los que dictaron los autos de formal prisión, pues si como dice la PGR sus conclusiones son no acusatorias, porque los dichos de los testigos protegidos nunca se corroboraron o respaldaron con otros elementos probatorios, ¿cómo es posible que los jueces hayan sustentado sus resoluciones únicamente en los dichos de estos personajes?
Ahora bien, si el problema es que la legislación permite que los dichos de los testigos protegidos sin ningún otro sustento sean un indicio suficiente para dictar un auto de formal prisión, todos los mexicanos estamos en riesgo, pues es muy fácil que un ministerio público fabrique una causa contra cualquiera.
Obvio, los personajes más vulnerables son los políticos, que pueden ser víctimas de esta persecución, de hecho la especulación en este caso es que se montó para impedir la llegada del general Ángeles a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el actual presidente Enrique Peña Nieto e incluso se involucra en su maquinación al entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván, y al de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Pero precisamente porque se especula con la cercanía de uno o unos de los involucrados con destacados personajes del actual gobierno, incluyendo al mismo presidente, no puede descartarse la posibilidad de que en realidad quienes hayan cometido las irregularidades y/o delitos sean los actuales funcionarios y no los anteriores. Es decir, que la averiguación estuviese bien integrada y las denuncias de los testigos protegidos corroboradas y sustentadas con otras evidencias, pero los nuevos miembros de la PGR hayan decidido liberarlos y la vía más sencilla es simple y llanamente llegar a conclusiones no acusatorias, es el equivalente a decretar el no ejercicio de la acción penal, pero en este caso ya con un juicio en curso.
Este caso no es igual al de los otros sonados fracasos de la PGR: Jorge Hank Rohn; Greg Sánchez; los 35 funcionarios públicos del llamado michoacanazo; Noé Ramírez Mandujano e, incluso el de Florence Cassez, entre otros, porque en todos esos fue el Poder Judicial el que exoneró a los acusados, es decir, la PGR sostuvo el sentido de sus acusaciones y reiteró hasta el final la responsabilidad penal de los inculpados; pero en éste es la misma PGR la que se desiste, pero una vez que se da el cambio de gobierno.
Lo normal es que el ministerio público acuse y el Poder Judicial juzgue y, aunque haya encontrado suficientes indicios para dictar el auto de formal prisión, es común que el juicio concluya con una exoneración, porque el MP no logró sustentar suficientemente sus argumentos o la defensa los destrozó; pero que el MP acuse, el juez otorgue el auto de formal prisión y el MP se desista, no es común y es motivo suficiente para iniciar una investigación a fondo, pues lo que está en entredicho es el sistema de justicia y no únicamente la actuación de la PGR del ex presidente Felipe Calderón.
