Para la juez 17 de lo civil en materia civil del Distrito Federal, María del Rosario Mancera Pérez, la decisión fue muy fácil. La juez prohibió la grabación de las audiencias del juicio que se está llevando a cabo en contra de los realizadores del documental Presunto culpable. Y no sólo eso. Prohibió también a los productores, Layda Negrete y Roberto Hernández, dar a conocer cualquier información sobre el desarrollo del juicio.
La juez justifica esta mordaza con el argumento de que busca mantener el juicio libre de "presiones políticas, mediáticas o de cualquier índole". El propio Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha manifestado "su rechazo a las acciones de ejercer presiones o amenazas contra el ejercicio de las responsabilidades de este tribunal."
La verdad es que al censurar la difusión de imágenes o información del juicio el tribunal y la juez están cometiendo una falta importante que sólo puede explicarse por su deseo de proteger un sistema de administración de justicia que ha hecho que proliferen los abusos o los errores.
Un principio jurídico elemental es el que establece que las averiguaciones deben ser privadas y los juicios públicos. Las averiguaciones deben mantenerse en secrecía no sólo para evitar alertar a posibles delincuentes sino para no difamar a personas que pueden ser sospechosos de haber cometido algún delito pero contra quienes no hay realmente pruebas. Los juicios en cambio deben ser públicos porque esto garantiza limpieza y equidad. Cuando los juicios se ocultan, los participantes pueden ser objeto de arbitrariedades sin que nadie se entere.
Es una enorme paradoja, o quizá la ilustración de los males que sufre nuestro sistema judicial, que los realizadores del documental que demostró la importancia de tener juicios abiertos hayan sido no sólo demandados por su labor informativa sino que tengan que enfrentarse ahora a un juicio cerrado y vergonzoso.
Presunto culpable mostró a través de la cámara las injusticias cometidas en contra de José Antonio Zúñiga, un tianguista de Iztapalapa acusado injustamente de homicidio. Ante la incompetencia e insensibilidad de jueces y magistrados, Zúñiga estaba ya condenado a pasar virtualmente el resto de su vida en la cárcel hasta que la exhibición de la película generó un clamor popular que llevó a su liberación.
La cinta comprobó que detrás de las cortinas de la secrecía se esconden innumerables abusos que llevan a la violación de las garantías individuales y al castigo sistemático de inocentes. La mejor defensa frente a este tipo de abusos es la transparencia informativa.
A pesar de que los tribunales declararon ya la inocencia de Zúñiga gracias a la labor de Presunto culpable, los realizadores de la película están enfrentado ahora 19 denuncias por daño moral que ascienden a un monto de 3 mil millones de pesos. Entre quienes están demandando se encuentran el testigo falso, Víctor Reyes, así como familiares de la víctima del homicidio por el que se acusó falsamente a Zúñiga y el policía judicial que detuvo a Zúñiga.
El juicio tiene una enorme importancia para la libertad de expresión y de información en nuestro país. Si se castiga a los realizadores y se les quieren cobrar pagos por daño moral que claramente no podrán cubrir, se estarán cerrando las puertas a la cobertura informativa de juicios en nuestro país. Mala señal es que para empezar el juicio, la juez y el Tribunal Superior hayan decidido cerrar las audiencias y censurar la información. Seguramente piensan que les conviene mantener un sistema que deja los juicios en lo oscurito para facilitar los abusos de autoridades y jueces.
VOTO POR VOTO
El sistema electoral mexicano se basa en el principio de que deben ser los ciudadanos y no los políticos quienes cuenten los votos. Por eso es ilegal pedir el recuento indiscriminado voto por voto en Baja California o en cualquier otro lugar.
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