El nombramiento de un nuevo presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Torreón, ofrece la oportunidad de repasar el tema de la impartición de justicia en materia laboral, en nuestra ciudad y región.
La presidencia de la Junta se encuentra acéfala con motivo de la renuncia de su último titular, que fue el tercero que fungió en los últimos siete años, durante el gobierno de los Moreira.
La situación del tribunal en cuestión es complicada debido a la poca atención que le ha merecido al Gobierno de Coahuila el tema de la justicia laboral en nuestra región, lo que se refleja en los escasos recursos que se le destinan a su gasto en infraestructura y equipo. La precariedad llevada al rubro de los salarios del personal hace crisis, ya que los funcionarios de la Junta reciben un sueldo de la mitad y en algunos casos menor que los que corresponden a puestos análogos en Poder Judicial del Estado, y a nivel de inspectores, notificadores y ejecutores, suelen operar meritorios sin goce de sueldo, lo que obliga a sospechar que van por las dádivas que afanaren.
El mobiliario es viejo, el equipo de cómputo es obsoleto y carece de mantenimiento adecuado; es frecuente que escaseen hasta las hojas de papel que se necesitan para levantar las actuaciones cotidianas.
Los recovecos de la ley así como la ineficiencia o la mala fe de algunos funcionarios y abogados postulantes, hace que la admisión de una demanda sea notificada a veces después de meses o años; es frecuente que los juicios se prolonguen por tres, cinco o más años, lo que genera un rezago enorme y el encarecimiento de las condenas, debido a los salarios caídos. Autoridades de la Junta y abogados laboralistas se acusan mutuamente de "coyotaje", entendiéndose como tal el tráfico de influencias en el caso de las autoridades y deslealtad con el cliente tratándose de los abogados.
La lentitud en el trámite y la tardanza en la solución de los juicios laborales, se ha convertido en oportunidad estratégica de litigantes y en política pública del Gobierno. Además de los Amparos Directos a los que normalmente acuden las partes como instancia revisora de los laudos, para impulsar los juicios laborales atorados por sistema, los abogados postulantes se han visto obligados a promover también por sistema, juicios de amparo ante los Juzgados de Distrito.
Lo anterior multiplica de modo exponencial la carga de trabajo de todos los involucrados: Jueces Federales, litigantes y la propia Junta de Conciliación, lo que genera una presión de la Justicia Federal sobre quién sea en el momento el Presidente de la Junta, en virtud de que esta última autoridad incurre cada vez con mayor frecuencia, en violación de los plazos marcados por el procedimiento laboral ordinario y en repetido incumplimiento de los sentencias de amparo. Durante el moreirato esta tensión ha significado multas por cientos de miles de pesos cada año y la amenaza constante de cárcel por desacato, en contra del Presidente de la Junta incumplido.
A lo expuesto se debe que los Presidentes de la Junta de Torreón en los últimos tiempos hayan tirado la toalla, el último de ellos apenas cumplido el año de haber tomado posesión. El que a pesar del escenario que se describe, abunden los aspirantes a ocupar el puesto, obedece a que el nombramiento de cada nuevo Presidente viene precedido del ofrecimiento de un mayor apoyo por parte del Gobierno del Estado, cuya renovada promesa ha resultado reiteradamente incumplida en cada ocasión.
Hoy día en que la Presidencia de la Junta está vacante. Es el momento de que el Gobierno de Rubén Moreira haga algo serio al respecto y con mayor razón, en ocasión de que la entrada en vigor de las reformas hechas en materia laboral por el Congreso de la Unión en fecha reciente, están siendo puestas en práctica.
La situación exige que el Gobierno entregue a la Junta los recursos necesarios para desempeñar la misión que la ley le asigna como reguladora de las relaciones laborales, que es tan importante como el fomento al empleo. Es indispensable que dicha función esté en manos de un profesional con la preparación, el perfil y la actitud adecuados, apoyado por personal capacitado y en número suficiente; que funcionarios y empleados trabajen en equipo dentro de una estructura funcional diseñada de acuerdo a las circunstancias, que estén pagados con sueldos que por lo menos sean análogos a los del Poder Judicial y que cuenten con los recursos materiales necesarios para desempeñar su labor.
