Polémica. La Ciudad de las Carpas, la polémica cárcel levantada con tiendas de campaña al aire libre en EU.
Un juez federal prohibió que el condado más poblado de Arizona aplique una política que permitiría a las personas que pagaron para entrar ilegalmente en Estados Unidos ser acusadas como cómplices del contrabando de inmigrantes.
El fallo del juez Robert Broomfield adujo que la interpretación del condado de Maricopa de una ley estatal de 2005 no puede ser aplicada por el jefe de policía Joe Arpaio ni los fiscales del condado debido a que entra en conflicto con la ley federal.
Broomfield dijo que la política penaliza acciones que la ley federal trata como una cuestión civil.
"Es difícil imaginar un conflicto más flagrante que ese", dijo el viernes en su fallo de 60 páginas.
Los abogados de los activistas y otros que objetaron la ley no respondieron inmediatamente los pedidos de declaraciones. Pero Peter Schey, un abogado de los activistas, dijo en una declaración que "es de esperar que el fallo ponga fin a una política malintencionada y miope que ha perjudicado gravemente a un gran número de inmigrantes durante los últimos años de manera totalmente inconstitucional" .
El abogado del condado estudiaba el fallo y no formuló ningún comentario por el momento, afirmó el vocero Jerry Cobb.
El fallo de Broomfield es el más reciente en una serie de restricciones impuestas por los tribunales y por el gobierno federal a los esfuerzos de Arpaio por combatir la inmigración ilegal.
El 75 % de las aproximadamente mil 800 personas acusadas según la ley del condado de Maricopa hasta junio de 2011 enfrentaban cargos de complicidad para ingresar furtivamente en Estados Unidos.
Esa situación provocó quejas de los partidarios de los derechos de los inmigrantes de que el estatuto estaba dirigido a los "coyotes", a menudo violentos y no a sus clientes, y que a esa política se anteponía la Ley federal inmigratoria.
