La lucha por los impuestos expresa un importante problema de fondo: en una sociedad democrática se supone que existe un pacto entre la clase política, la representación democrática y los creadores de riqueza, para determinar quién paga qué y a dónde se destinan esos recursos. Por supuesto, el pacto supone rendición de cuentas del gobierno y transparencia en la administración del dinero público.
En México existe una enorme y justificada desconfianza sobre el manejo de los recursos por la gran corrupción que tenemos y que sigue tan campante. La aprobación de la Reforma Hacendaria no dejó contento a nadie, sin embargo, salió con un consenso mayoritario en la Cámara de Diputados. Esta Reforma Hacendaria muestra las visiones y alianzas, los intereses generales y particulares y, sobre todo, establece de forma emblemática quién representa a quién a la hora de los impuestos. La reforma mostró la alta volatilidad que domina en la vida política del país.
Lo que sucedió con la Reforma Fiscal en México es un juego de niños si lo comparamos con el caso del presupuesto en Estados Unidos, donde una minoría (Tea Party) prácticamente cerró el gobierno durante varios días y la polarización enseñó nuevamente su mueca para dejar al país al borde de la insolvencia. Después de la tormenta presupuestal el presidente Obama dijo que con el bloqueo todos perdieron y que los ciudadanos "están hartos de Washington". ¿Qué tan hartos estamos en México de los juegos entre la clase política y los intereses económicos?
El modelo democrático -que supuestamente construye amplios consensos y pactos para redistribuir la riqueza- se muestra cada vez más vulnerable frente a grandes intereses. En México durante todos estos días hemos visto las expresiones públicas de la batalla por los impuestos. Empresas, cabilderos, partidos, gobiernos, entraron a un proceso que tenía como meta ampliar los recursos públicos. ¿Quién debe pagar qué?
El paquete que presentó el gobierno mexicano sufrió modificaciones importantes que se rechazaron a partir de los consensos negativos, como sucedió con el IVA a las colegiaturas, a la venta de casas y créditos hipotecarios (debajo de 3.5 millones) y a los espectáculos públicos; propuestas no fueron aprobadas. Se cuantifica que se tendrá un hueco de casi 56 mil mdp que será cubierto principalmente con un incremento al precio del crudo y con un ajuste al tipo de cambio (El Universal, 18/X/2013). Con todos los aumentos se calcula que habrá un incremento de 1% del PIB, como dijo el Secretario de Hacienda. Entre los aumentos que son rechazados, pero que ya se aprobaron, está el IVA parejo de 16% en todo el país; un incremento al ISR de acuerdo a los ingresos anualizados de las personas que estará entre 30 a 35%. Uno de los temas más debatidos e impugnados son los impuestos especiales contra la obesidad como refrescos, alimentos con alto contenido calórico (la famosa chatarra y los postres, 275 kilocalorías por cada 100 gramos); también se grava la comida para mascotas, los chicles y el transporte terrestre. Una innovación será el impuesto de 10% a las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores y de 7.5% las ganancias de las empresas mineras. Ahora falta que el Senado la apruebe, pero en esa Cámara puede haber nuevos cambios.
La coalición de diputados que aprobó las reformas se construyó con el PRI y el PRD, lo cual generó el enojo del PAN. No cabe duda que las posiciones y discursos de los partidos se vuelven volátiles, líquidos, diría Bauman, conforme les va en la feria. Ahora el panismo como partido de derecha estuvo en contra de subir impuestos, pero cuando fue gobierno buscó en repetidas ocasiones el incremento al IVA en alimentos y medicinas, pero no lo consiguió. Por otra parte, el PRD, apoyó la reforma por conveniencia a sus intereses, sobre todo en los avances para el Distrito Federal, su principal bastión político.
Esta reforma prefigura el escenario de la Reforma Energética. Lo más probable es que la coalición en favor de la reforma constitucional sea entre PRI y PAN, y el PRD juegue como oposición. Por eso nos preguntamos si el Pacto por México sigue con vida o ya va camino del cementerio, porque las ventanas reformistas se empiezan a cerrar. En las próximas semanas sabremos la respuesta.
No se hizo la reforma que se necesitaba, sino la que fue posible consensuar. Con esta batalla fiscal nadie quedó satisfecho porque el pacto democrático no funciona de forma adecuada en México. El gobierno dice que no le alcanza, los empresarios calculan que perderán, los cautivos pagarán el pato y los privilegios de la alta burocracia seguirán.
