— Sexto Julio Frontino
Algo huele muy mal en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón desde hace tiempo. La empresa pública encargada del principal servicio de la ciudad es un monopolio que opera con números rojos. Las pérdidas del organismo ascendieron a 72 millones de pesos entre 2010 y 2012. La cartera vencida supera los 300 millones de pesos. Con todo y la inversión realizada año con año para dar mantenimiento a los pozos -alrededor de 10 millones de pesos-, los problemas en el suministro se multiplican, sobre todo en la temporada de mayor demanda.
En enero de 2013, Fitch Ratings presentó su reporte de calificación crediticia para el Simas de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa. La calificadora mantuvo el nivel A- (alta calidad crediticia con perspectiva negativa), pero alertó de varios riesgos. Por ejemplo, mencionó el aumento sostenido del gasto y la débil posición de liquidez; el alto nivel de cuentas por cobrar, que en 2011 llegó a los 362 millones de pesos, y los bajos indicadores de eficiencia física.
El manejo deficitario de empresa ha sido reconocido por su gerente general, Jesús Campos Villegas, quien presionado por la asociación civil Participación Ciudadana 29, presentó ante el Consejo Directivo del Simas una propuesta para realizar una auditoría externa integral al funcionamiento del organismo, propuesta que fue aprobada el 18 de septiembre pasado. El despacho auditor es un viejo conocido del sistema de aguas: Gossler, quien ya ha elaborado revisiones a los estados financieros del mismo.
En este contexto, surgió el cuestionamiento sobre los resultados de la auditoría por excepción realizada en 2010 a solicitud del ayuntamiento de Torreón por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Hasta la semana pasada, nadie parecía tener conocimiento de dichos resultados. A lo largo de casi tres años, el dictamen sobre el ejercicio de 2009 de la empresa paramunicipal permaneció "perdido" o "guardado". Al respecto, la propia ASE había informado que, derivado de esa revisión, se habían presentado denuncias penales contra personas que fungieron como funcionarios del Simas durante la administración municipal de José Ángel Pérez. Hasta hoy, ni la ASE ni la Procuraduría de Justicia de Coahuila han informado quiénes son esos exservidores públicos.
El Siglo de Torreón publica en sus ediciones de ayer y hoy una nota de la periodista Yolanda Ríos en donde se da cuenta de las graves irregularidades detectadas por la ASE en la citada revisión, cuyos resultados fueron recibidos por el gerente Campos Villegas el 18 de noviembre de 2010. El dictamen es un catálogo de anomalías e ilícitos. Desde licitaciones amañadas hasta la contratación de seguros para funcionarios de la empresa a la esposa del excontralor Petar Entchev Petrov, pasando por la adquisición de servicios de cobranza sin reporte de recaudación y la asignación de obras sin contrato y con precios "inflados".
Por si fuera poco, el reporte de la ASE consigna el desaseo con el que se llevó a cabo uno de los proyectos hidráulicos más ambiciosos de los últimos años en Torreón: la instalación de enormes tanques en varios sectores de la ciudad. Aunque es del conocimiento público la inutilidad de esta obra en términos generales, puesto que sólo seis de los 17 tanques cumplen con su función, la auditoría revela una serie de irregularidades. Éstas van desde la manipulación de cifras para "comprobar" la necesidad del proyecto, hasta la adjudicación de las obras sin documentación adecuada a particulares que no acreditan experiencia ni solvencia económica. Además, la ASE advierte de errores en la sectorización de la ciudad y, por ende, en la planeación de la instalación de los depósitos, y de la compra de los mismos con capacidades superiores a la requeridas.
Para que el proyecto funcione, según el dictamen, sería necesaria una inversión extraordinaria de entre 500 mil y un millón de pesos en cada uno de los tanques. A la luz de estos datos, el gasto de 100 millones de pesos realizado por la pasada administración representa un daño patrimonial al Simas y así lo cataloga la Auditoría Superior del Estado. Lo más grave del asunto es que, luego de casi tres años de conocer esta información, la gerencia general del Simas y el Consejo Directivo del mismo no han actuado contra los responsables de este daño. ¿Por qué? ¿Simple omisión o flagrante complicidad? ¿De qué sirve que se encargue ahora una nueva auditoría para conocer las causas de la crisis del sistema de aguas si no se procede contra quienes han contribuido con malos manejos a la misma?
El exalcalde José Ángel Pérez; el exgerente general del Simas, Alberto Díaz de León; el excontralor de la empresa, Petar Entchev Petrov; el exgerente técnico, Luis Horacio Salmón, y el encargado del área de Planeación, José Ángel Meléndez, deben ser llamados a cuentas por estas irregularidades. Pero también tienen mucho qué explicar el actual gerente Campos Villegas; el contralor municipal, Lauro Villarreal, en su calidad de comisario del organismo operador, y, por supuesto, los integrantes del Consejo Directivo, incluyendo al alcalde Eduardo Olmos, quien funge como presidente, y el secretario técnico Félix Pérez Murillo, por guardar silencio todo este tiempo.
Los responsables del deterioro de la empresa de aguas tienen nombre y apellido. Los intereses políticos y económicos que rodean al principal servicio público de la ciudad han impedido hasta ahora hacerlo eficiente y actuar contra quienes por omisión o complicidad han dejado caer al Simas en el bache en el que se encuentra. La cloaca ya se destapó y la inmundicia está en la superficie. Habrá que ver cuáles serán las consecuencias. Por lo pronto, a la par de la nueva auditoría, ya se prepara un aumento a las tarifas de agua potable. Pero ¿cómo puede exigírsele a la ciudadanía que pague más por un servicio ineficiente con todo este contexto de anomalías? Vaya problema que le espera al alcalde electo de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, con el Simas.
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