Uno de los saldos más negativos de la ausencia de controles y contrapesos en las entidades federativas es la discrecionalidad con la que han operado los gobiernos estatales. El caso de Tabasco, recientemente puesto en la palestra mediática, nos lleva a reflexionar de nuevo qué es lo que está pasando en los estados.
Una grabación con la voz del exgobernador Andrés Granier jactándose de su extenso armario colocó la atención de la opinión pública en la gestión del priista, de quien, por cierto, se desconoce su paradero. Días después fueron decomisados 88.5 millones de pesos en efectivo de una presunta propiedad de José Sáiz, extesorero de Granier.
Más allá de la polémica que este escándalo ha suscitado en torno a si se trata o no de un montaje para perjudicar al exmandatario estatal, lo cierto es que no ha quedado claro aún qué fue lo que pasó con los recursos millonarios de ayuda que recibió su gobierno cuando la entidad enfrentó una de las peores inundaciones de su historia.
Esta situación, aunada a las propiedades de lujo que han comenzado a ser documentadas por medios de comunicación, despiertan numerosas sospechas sobre el manejo que hizo del presupuesto la administración granierista.
Pero hay otras entidades en donde pese a los escándalos financieros, no ha habido avance alguno en las investigaciones y ninguno de los responsables ha sido llevado ante la justicia. Tal es el caso de Coahuila, cuya deuda pública se disparó hasta los 36 mil 500 millones de pesos en condiciones irregulares. Al menos cinco mil millones fueron contratados con documentos falsos y 18 mil millones de pesos no están justificados en su destino en las cuentas públicas de la administración de Humberto Moreira.
El gobierno actual, encabezado por Rubén Moreira, ha tratado de dar vuelta a la página sin llegar al fondo del asunto. Su hermano estudia en Barcelona lejos de toda responsabilidad sobre el tema y de Javier Villarreal, extesorero de Humberto, se ignora su sitio de residencia.
Frente al desorden y los malos manejos en las entidades, el primer paso debe ser el castigo de los responsables a la par de la creación de mecanismos eficientes para evitar que todas las irregularidades registradas en los últimos años se vuelvan a presentar. Y en este proceso la institucionalización de la transparencia juega un papel primordial para erradicar la discrecionalidad en el ejercicio del poder.
