Hace unos días, como epílogo a la "Semana de la Transparencia", la Secretaría de Finanzas entregó al Congreso Local y al Instituto de Acceso a la Información una copia de los documentos que amparan la mega-deuda contratada en el sexenio 2006-2011, y un informe que explica los antecedentes y las ventajas de la reestructura acordada con los bancos. Estos documentos están disponibles en la red para cualquier ciudadano interesado. Con el dinero ya gastado, con los créditos renegociados y en proceso de pago, con los responsables viviendo en el extranjero, y con todas las decisiones tomadas, el Gobernador de Coahuila ofrece darnos a conocer lo que sabe sobre el tema.
El gesto llega más de un año tarde, pero de cualquier manera es bienvenido. Como mínimo, los coahuilenses conocerán por primera vez las fechas exactas en que se acordaron los créditos. Quienes busquen las declaraciones públicas de las autoridades en esa época no encontrarán evidencia de una discusión política sobre como financiar el desarrollo, sino señales de la opacidad, descontrol y probable corrupción que privó en aquellos años. Quien vaya un poco más allá, e incorpore al análisis las fechas del calendario político coahuilense encontrará que las fechas de algunos créditos importantes coinciden misteriosamente con diversas elecciones. Nada de esto es contundente, pero abona para comprender el contexto que dinamitó la credibilidad de nuestras instituciones y que mantiene en entredicho la legitimidad de nuestros actuales gobernantes. Revisar los documentos de la deuda es como conducir una autopsia: No sirve para revivir al finado, pero puede ser clave para entender lo que ocurrió.
Paradójicamente, este aparente gesto de apertura confirma que algo no ha cambiado en Coahuila. Hoy como antes, la llave de la transparencia depende más del voluntarismo del Gobernador que de los derechos que confieren las Leyes a los ciudadanos. Hasta hoy, todas las solicitudes formales de información en esta materia han sido bloqueadas por la muralla de opacidad que rodea a la Secretaría de Finanzas. Quizá hoy que el Secretario de Fiscalización declara que "la transparencia es una forma de vida", que el Secretario de Finanzas sostiene que "en Coahuila las cosas se hacen bien, con rendición de cuentas", y que el Gobernador llama a la transparencia "eje de su Gobierno", encontraremos más disposición a la apertura.
Por lo pronto, la publicación de estos documentos ya detonó comentarios, cuestionamientos y preguntas que merecen respuesta oficial. Les comparto algunos:
1) Según lo publicado, el costo de la reestructura de los créditos fue de $1,964 millones de pesos, que fueron adicionados a la deuda. ¿Cómo fueron ejercidos esos recursos? ¿Cuánto costaron los honorarios, y cuanto las penalizaciones por romper contratos anteriores? Y, ¿quién carga con la responsabilidad de haber contratado créditos en condiciones tan desventajosas que justifican una reestructura tan onerosa?
2) ¿Por qué censuraron los plazos, las tasas de interés, los ingresos afectados como garantía y las comisiones bancarias de los contratos "transparentados"? En lugar de cifras, los documentos están llenos de espacios en blanco.
3) En una parte del informe, la Secretaría de Finanzas sostiene que la estrategia financiera del anterior gobierno fue "apropiada y eficaz". En otra parte señala que sin la reestructura habríamos enfrentado "la quiebra total del Estado". ¿Cómo concilian ambas posiciones? ¿Por qué no nos brindan información suficiente para que lleguemos a nuestras propias conclusiones?
3) ¿Por qué no publicaron el crédito contraído con Banco del Bajío en Marzo 2010, que según un video difundido por Humberto Moreira fue contratado con firmas apócrifas? ¿Por qué no aparece soporte documental del crédito de Bancomer de Septiembre del mismo año? ¿Por qué hay créditos que aparecen sin sello de registro ante la SHCP?
4) El Congreso autorizó contratar financiamiento por $9,750 millones de pesos (en 4 decretos), pero el Gobierno adquirió deuda "de largo plazo" por $23,012 millones. ¿Ningún pronunciamiento? Mucha de la deuda restante fue catalogada tramposamente como de "corto plazo", dándole la vuelta al requisito de pedir autorización legislativa. ¿No merece discusión el tema?
5) Finalmente, ¿por qué no transparentaron el destino de los recursos? La mayoría de los contratos publicados etiquetan el dinero para "inversión pública productiva", sin ofrecer mayor elementos. Sin embargo, el Informe de la Secretaría de Finanzas sostiene que los créditos fueron usados en "acciones contra-cíclicas" que "revirtieron la tendencia negativa de la economía estatal." Suena bonito, pero sería más contundente que nos explicaran donde se aplicaron los $35,000 millones.
Ya terminó la "Semana de la Transparencia". Necesitamos un sexenio.
@oneflores
