No solamente el gobierno de la ciudad de México tiene miedo a enfrentar a los activistas de la CNTE. También el oaxaqueño. Por eso sucesivos gobernadores han aceptado dar a sus líderes todo lo que han pedido en 33 años de paros y movilizaciones.
Si el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha dicho que no tiene la fuerza pública para enfrentar a los 20 mil activistas que se han dedicado a desquiciar a la ciudad, imagine usted la situación en Oaxaca. La sección 22 cuenta con 73 mil afiliados que saben que para mantener su trabajo deben obedecer a sus líderes. La policía estatal oaxaqueña suma, en cambio, sólo 3,500 efectivos.
Un gobernador tras otro ha sido extorsionado por movilizaciones y paros de la sección 22desde 1980. Todos han comprado la paz cediendo total o parcialmente a las exigencias de los dirigentes. Esta es una de las razones por las que los maestros de la 22 tienen tantos privilegios: tres meses de aguinaldo, bonos de productividad aunque no se presenten a trabajar, incluso una casa en la colonia del Valle del Distrito Federal propiedad del Gobierno del estado. Los beneficios económicos de los maestros de la sección 22 representan 120 días de su salario.
¿Son beneficios injustos? Sí. ¿Obtenidos a través de presiones y chantajes? También. Pero son legales porque están incluidos en los contratos con el sindicato. Aunque pudiera revertirlos legalmente, ningún gobernador de Oaxaca podría hacerlo ante la amenaza de la sección 22.
El último que lo intentó fue Ulises Ruiz. En 2006 un numeroso grupo de activistas de la sección 22 tomó durante tres semanas el centro de la ciudad de Oaxaca provocando un colapso de la actividad turística y comercial, que es la base de la economía de la ciudad. El 14 de junio de 2006 el gobernador Ruiz, quien afirmó que se había negado a seguir cediendo a los chantajes, montó un operativo policial con el fin de liberar la ciudad. Utilizó policías estatales y municipales y recibió refuerzos de un contingente de policías federales.
Al cabo de unas horas de combate en que hubo heridos, la sección 22 derrotó a la policía (que, por supuesto, no disparó contra los activistas) y retomó el control de la ciudad. La policía federal huyó de Oaxaca ese mismo día. Desde entonces la sección 22 le hizo la vida imposible al gobernador Ruiz, quien anduvo a salto de mata el resto de su sexenio. La mayoría de los medios nacionales y locales condenaron al gobernador por su "represión".
Nadie quiere ser hoy el Ulises Ruiz de 2013. Miguel Ángel Mancera ya dejó en claro que la CNTE podrá hacer lo que quiera en el Distrito Federal porque su prioridad es evitar el derramamiento de sangre. Gabino Cué, por supuesto, prefiere que los activistas estén en el Distrito Federal, a que le hagan nuevamente la vida imposible a los oaxaqueños.
El gobierno federal, que es el único quizá con fuerzas suficientes para enfrentarse a la sección 22, no ha hecho hasta el momento ningún esfuerzo por liberar a la ciudad de México de su asedio, a pesar de que el presidente de la república es el responsable final de la seguridad en la capital de la república. Tampoco queda claro que lo haría en Oaxaca.
Estamos viendo un negocio perfecto de extorsión construido al amparo del sistema de educación pública. Es un negocio que se mantendrá mientras no haya un gobernante dispuesto a recuperar para el Estado el control de la educación pública.
DERECHOS Y GOBIERNO
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal están investigando al gobierno de la ciudad de México por su negativa a proteger a los ciudadanos ante las agresiones de la CNTE. Mientras tanto el procurador general, Jesús Murillo Karam, afirma que "Los gobiernos débiles utilizan la fuerza; los gobiernos fuertes son tolerantes."
Twitter: @sergiosarmient4
