La extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado creada en el sexenio de Vicente Fox para realizar las investigaciones sobre la "guerra sucia" de los años setenta, fue un instrumento político del PAN para negociar con el PRI su permanencia en el poder, consideró Florencia Ruiz, ex investigadora de dicha instancia y actual colaboradora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Nueva York.
En el marco del Día Internacional del Desaparecido, la especialista indicó que dicha fiscalía no funcionó porque operaba con un doble discurso, pues por una parte el gobierno federal se había comprometido a conocer la verdad sobre esa etapa y enjuiciar a los responsables y, por el otro lado, los propios agentes del Ministerio Público no ser comprometieron en los hechos con esa causa.
"Al interior de la fiscalía había comentarios como 'yo no voy a poner en mi currículum que trabajé para esta fiscalía' o 'qué bueno que hay desaparecidos porque tengo trabajo", señaló la investigadora durante el Foro Nacional sobre Delitos del Pasado que organizó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Indicó que a raíz de las investigaciones históricas sobre la guerra sucia se pudo acreditar la responsabilidad del Estado en la desaparición de 782 personas en el país y 255 sólo en el estado de Guerrero.
La jueza del Tribual Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala, Yassmín Barrios, insistió en que el Estado debe garantizar que se investiguen los crímenes del pasado, pues son hechos que no se olvidan y que dejan heridas permanentes en las víctimas.
Aclaró que ninguna autoridad puede argumentar la prescripción de un delito de lesa humanidad, pues hacerlo perpetúa la impunidad y contradice los compromisos internacionales de derechos humanos.
Daiana Fusca, investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, dijo que en países como Brasil hubo obstáculos con la Comisión de la Verdad pues hubo dificultades para judicializar los casos, pero indicó que este tipo de instancias pueden aportar pruebas documentales para enjuiciar a los responsables.
Están desaparecidas por culpa del Gobierno Mexicano
