Colorado ha sido tradicionalmente uno de los estados en disputa entre demócratas y republicanos, por eso cuando los primeros lograron obtener la mayoría en la gubernatura y los órganos legislativos estatales, así como el apoyo mayoritario de la población para el uso recreativo de la mariguana se pensaba que finalmente se había decantado hacia el partido demócrata y dejaría de ser un estado péndulo.
Por ello la mayoría demócrata en el Senado estatal no tuvo ningún empacho en aprobar en el invierno pasado una ley para fortalecer el control de armas, sin embargo, los votantes ya le cobraron a dos de los senadores lo que ellos llaman "su distanciamiento con las preferencias y necesidades ciudadanas" y decidieron revocarles su mandato y sustituirlos por dos republicanos.
Una vez que los legisladores aprobaron la ley, el legislador republicano Greg Brophy advirtió que los votantes no partidistas se rebelarían contra las nuevas leyes y señaló: "la reacción será severa". No se equivocó, el pasado martes 10 de septiembre los demócratas tuvieron una muestra de la ira popular, al perder dos posiciones en el Senado estatal.
El electorado de Colorado está prácticamente dividido en partes iguales entre demócratas, republicanos y ciudadanos sin una simpatía definida, los llamados apartidistas o independientes. Éstos son precisamente los que hacen que no haya una mayoría clara en dicha entidad y siempre sea uno de los estados en disputa; dependiendo de la coyuntura estos votantes independientes se inclinan por demócratas o republicanos. En las últimas elecciones federales y estatales habían preferido a los demócratas y la aprobación en el referéndum de noviembre pasado del uso recreativo de la mariguana, hacía pensar que la mayoría demócrata se había consolidado.
Las matanzas de 12 personas en un cine del condado de Aurora, Colorado, en julio del año pasado, y la de 20 niños y seis adultos, en una primaria en Newtown, Connecticut, en diciembre pasado; además del recuerdo de la tragedia de abril de 1999 en Columbine, Colorado, donde dos jóvenes asesinaron a 12 alumnos y un profesor de una escuela secundaria, movieron a los legisladores a impulsar una ley para controlar la venta de armas en Colorado.
Tras la aprobación de la ley sus opositores, particularmente en los poblados de Pueblo y Colorado Springs, donde habían sido elegidos los senadores demócratas Ángela Girón y John Morse, de los principales impulsores de la legislación, iniciaron la movilización para juntar las firmas necesarias para solicitar la revocación de mandato. Colorado es una de las 19 entidades norteamericanas donde se puede solicitar la revocación sin necesidad de que exista una evidencia de fraude, malversación de fondos o una conducta irregular de los representantes populares.
En Colorado, como en otros 19 estados de la Unión Americana, basta con que los ciudadanos estén descontentos con la actuación o el comportamiento de sus elegidos, para solicitar la revocación de mandato. En estas entidades los votantes tienen el derecho de remover a sus representantes porque no les cumplen sus promesas de campaña, porque consideran que su actuación se ha alejado de las preferencias o demandas de la ciudadanía o simplemente porque consideran que es incapaz para gobernar.
La llamada rendición de cuentas política, que tiene que ver directamente con una mala actuación del gobernante, no con la comisión de un delito o una irregularidad administrativa, tiene plena vigencia en estos estados. Y la remoción de estos dos senadores de Colorado es una manifestación del poder del voto popular para obligar a los gobernantes a voltear hacia la ciudadanía antes de tomar sus decisiones.
Aunque en este caso la Asociación Nacional del Rifle, uno de los poderes fácticos más influyentes en Estados Unidos, apoyó e impulsó el ejercicio, con todas las distorsiones que esto puede implicar para la equidad de una contienda electoral, lo cierto es que hubo una mayoría de votantes (51% en el caso de Colorado Springs y 56% en el de Pueblo) que mostraron su rechazo a las decisiones de quienes eran sus legisladores.
Los promotores de la revocación de mandato manifestaban su deseo de que los votos "pudieran detener lo que ellos llamaban el giro a la izquierda de Colorado, que ejemplificaban con la legislación para controlar las armas, los beneficios sociales para los inmigrantes ilegales y las uniones civiles entre parejas del mismo sexo", según publicó el New York Times en su edición del pasado miércoles 11 de septiembre.
En lo personal respaldo las posturas de los legisladores removidos y en ese sentido lamentó su remoción; pero reconozco el poder del voto popular y lo que significa la revocación de mandato en el empoderamiento ciudadano, que es lo que verdaderamente da plena vigencia a la democracia y la soberanía popular.
En México lamentablemente no existen instrumentos o vías institucionales transitables para remover a los gobernantes y ese es uno de los grandes déficits de nuestro sistema político. Los casos de gobernantes que abierta y descaradamente atropellan los derechos humanos de los ciudadanos o distraen fondos públicos para su beneficio personal son de sobra conocidos y quedan en total impunidad.
Al menos tan importantes como las llamadas "reformas estructurales" de la economía son las "reformas estructurales" del sistema político mexicano, pero ésas lamentablemente no están en la agenda de los legisladores porque significan traspasar el poder de las cúpulas políticas a la ciudadanía. Es imperativo construir las instituciones (como la revocación de mandato) que permitan a la ciudadanía premiar o castigar a sus gobernantes.
