Penales. La inversión será de entre 4 mil y 5 mil millones de pesos en cada centro.
El Gobierno federal pagará alrededor de mil millones de pesos al año a empresas privadas por la construcción y prestación de servicios a cada uno de ocho nuevos penales federales.
Bajo el esquema de asociaciones público-privadas, empresas como ICA, GIA y recientemente Inbursa, entre otras, participan en la construcción de ocho penales de mediana y alta seguridad, con una inversión de entre 4 mil y 5 mil millones de pesos en cada centro. Dos de esos penales ya fueron entregados en la pasada administración, y en la actual serán puestos en operación seis más.
En contraprestación, estas firmas podrán prestar, hasta por 20 años, servicios en los penales, como abastecimiento de ropa, lavandería, laboratorios, comedores y servicios médicos, por lo cual recibirán alrededor de mil 100 millones de pesos anualmente del Gobierno federal, como pago de estos servicios y por el financiamiento de la obra. En cada caso la cantidad será proporcional al tamaño y características de reclusorio, pero en promedio ronda los mil millones de pesos.
La seguridad de los centros penitenciarios estará a cargo de las autoridades federales.
El presidente Enrique Peña Nieto inaugurará en los próximos días el penal de Miahuatlán, en Oaxaca, construido bajo este esquema. De acuerdo con el proyecto, en este nuevo centro penitenciario el reo será aislado al ingresar para observarlo durante 40 días, y a partir de su comportamiento psicológico y físico se enviará a un módulo donde el resto de sus compañeros tengan características similares.
Los servicios que brindarán las empresas incluyen el compromiso de una atención personalizada, al grado de que los presos no comerán el mismo menú, sino que tendrán una dieta de acuerdo con sus propias necesidades.
Tan sólo en el penal de Oaxaca se invirtieron casi mil millones de pesos en tecnología. En este ámbito destaca la instalación de una cámara exportada de Israel y que tiene la capacidad de enfocar nítidamente el rostro de una persona hasta a 100 kilómetros de distancia. También habrá un aparato de rastreo interno de cavidades en tercera dimensión, que podrá escanear a una persona en máximo dos minutos.
El centro penitenciario de Oaxaca está dividido en seis módulos, con capacidad técnica y tecnológica para aislar cualquier intento de fuga. Es decir, que si en el "Área 1" hay un motín, esta zona se podrá asegurar sin que el conflicto escale a otros módulos y se garantizará la seguridad en las otras zonas.
El centro será de mediana seguridad y podrá atender a más de 2 mil reos, quienes no estarán involucrados con ningún tipo de servicio. El nuevo modelo penitenciario fue retomado de Chile y su primera fase arrancó en la pasada administración. Hoy está bajo responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Los detalles del proyecto están en un fideicomiso de Banobras, pero la información está reservada hasta por 12 años.
Los penales de Hermosillo y Guanajuato -el primero de ellos inaugurado en los últimos meses de la administración de Felipe Calderón- fueron desarrollados por ICA, que incluso pudo financiarlos sin líneas de crédito. Pero entonces no se dieron más detalles sobre el plan.
Bajo este mismo esquema se proyecta la construcción y operación de otros cinco penales: en Michoacán, Coahuila, Durango, Morelos y Chiapas. En los dos últimos, el avance de la obra es de más de 50%, por lo que se prevé que puedan entregarse a mediados de 2014. El de Coahuila aún está en fase de proyecto.
De acuerdo con el documento Estadísticas del sistema penitenciario nacional, de la Secretaría de Gobernación, hasta enero de 2013 el Gobierno federal opera 15 centros con capacidad para 25 mil 952 personas, y se registra una sobrepoblación de 47 mil 476 reos.
La construcción de penales por la iniciativa privada tiene como fin trasladar a presos federales a las nuevas instalaciones, para así reducir la sobrepoblación en cárceles estatales.
