El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al hablar sobre el presupuesto gubernamental y la reforma fiscal ha insistido en varias ocasiones sobre la necesidad de un mayor déficit público en 2014, con el fin de aplicar, según dice, una política económica anticíclica.
Es curioso, sin embargo, que al mismo tiempo haya promovido más y mayores impuestos, cuando es bien sabido que un alza de tributos reduce el poder adquisitivo de la población y contribuye a frenar la actividad económica.
En la coyuntura actual, donde nuestra economía apenas crece alrededor del uno por ciento, un alza de impuestos vendrá a complicar más la situación de nuestra alicaída actividad productiva.
Quizá este trago amargo hubiera sido más fácil de pasar con una verdadera reforma fiscal. Lo que el gobierno propuso y el Congreso aprobó, sin embargo, fue un parche impositivo más, como los muchos que han aplicado gobiernos anteriores.
Lo triste es que en esta ocasión se habían creado expectativas de que ahora sí se aprovecharía la oportunidad para cambiar, de veras, nuestro régimen tributario y, lo que es más importante, hacer más esbelto y eficiente al aparato gubernamental, reduciendo el gasto público que creció de manera desordenada en la administración anterior.
Este gobierno sigue, lamentablemente, una ruta similar a la de su antecesor. Felipe Calderón elevó el gasto público como porcentaje del PIB en casi cuatro puntos porcentuales dilapidando los ingresos extraordinarios del petróleo, elevando los impuestos y con déficits crecientes que elevaron la deuda neta del sector público (que pasó de 32 por ciento en 2009 al 35 por ciento en 2012).
La administración de Enrique Peña Nieto estima que la deuda neta cierre este año en 35.6 por ciento del PIB y, como señalé al principio, planea ampliar el déficit público y, por ende, la deuda en 2014 para aumentar más el gasto corriente y el aparato burocrático.
Un mayor déficit se financia con mayor deuda. Pudiera decirse que el gobierno aprovecha un buen momento para colocar más deuda porque las tasas de interés, tanto en México como en el extranjero, se encuentran en niveles nunca antes vistos, lo que mantiene bajo y facilita su servicio financiero.
El gran problema, sin embargo, es que el 62 por ciento de esa deuda está en manos extranjeras, la mitad de la cual está en pesos. En efecto, la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros ha crecido de manera espectacular en años recientes, pasando de 313.2 miles de millones de pesos (mmp) al 31 de diciembre de 2009 a 1752.7 mmp al 24 de octubre de este año.
No extraña, por tanto, que un estudio sobre un índice de vulnerabilidad ante la reversión de capitales en 26 economías emergentes publicado en la revista The Economist del 19 de septiembre, colocara a México en cuarto lugar, después de Turquía, Polonia y Rumania.
Esa vulnerabilidad es una amenaza muy real para la estabilidad financiera de nuestro país. Eso lo reconoció la semana pasada Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, al señalar que los países emergentes deben prepararse para el impacto que tendrá sobre el tipo de cambio y las tasas de interés domésticas la salida de capitales asociada a la normalización de la política monetaria en las economías desarrolladas.
En nuestro caso resaltó la importancia del nivel actual de las reservas internacionales y la posibilidad de financiamiento internacional, que seguramente se refiere a las líneas de crédito que tiene nuestro país con el Fondo Monetario Internacional y, en un extremo, los swaps con la Reserva Federal de Estados Unidos.
La experiencia nos enseña, sin embargo, que eso quizá aminore algo el temporal, pero no evitará que ocurran trastornos y volatilidad en nuestras variables financieras que bien pudieran afectar negativamente a la actividad productiva.
En consecuencia, no es un buen augurio que nuestro gobierno quiera seguir engrosando la deuda confiado en la "bondad" de las condiciones actuales de los mercados financieros. Esas condiciones van a cambiar, y en nada ayudará a nuestra situación económica si cuando suceda nos agarra, como todo parece indicar, con niveles todavía más altos de deuda y de déficit público.
Las tasas de interés fuera y dentro de México van a subir, quizá hacia fines del 2014 o comienzos del 2015, y cuando lo hagan van a elevar considerablemente los gastos financieros del gobierno, complicarán el financiamiento de un gasto público creciente y harán que, otra vez, nuestras autoridades traten de remediar su irresponsabilidad mediante, ya se imagina usted, otra reforma fiscal.
