Hay quienes quieren que nos acostumbremos a la violencia. Que veamos normal que en una urbe de un millón de habitantes ocurran en promedio tres homicidios diarios. Que no nos escandalicemos porque en Torreón se cometen 15 robos y asaltos cada día. Que asimilemos como parte de la vida cotidiana los secuestros y extorsiones que sabemos que suceden, pero que por miedo o desconfianza rara vez se denuncian. Que no cuestionemos por qué con todo y el despliegue de fuerzas y recursos públicos la inseguridad no disminuye. Que nadie se alarme por la descomposición que sufre la región. Que nadie le diga a otros habitantes del mundo lo que estamos viviendo los laguneros. Que nos quedemos callados ante la tragedia colectiva y la incapacidad gubernamental. Hay quienes quieren que neguemos junto con ellos que estamos metidos en un grave problema.
Pero la negación no es nueva en La Laguna. La negación de los problemas ha cobrado ya muy alta su factura en estas tierras. Por eso resulta increíble que luego de seis años de escalada violenta, los gobernantes de los estados que dividen a la región en dos sigan cometiendo el mismo error. Unas veces con silencio. Otras, con simulación. Pero bajo ambas estrategias siempre está la negación. No hablar de un problema es casi lo mismo que hablar sólo para minimizarlo. Los laguneros sabemos muy bien cuánto cuestan la omisión y el soslayo. Tres mil 700 asesinatos en seis años. ¿Acaso no dice algo esta cifra? Las historias que están detrás de cada uno de esos casos quizá nos digan mucho más, pero hoy -hay que decirlo- no estamos en condiciones de saberlo. Hoy sólo son carne de cañón o daños colaterales. La retórica del fracaso institucional. El abismo social y sus eufemismos.
Cuando el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, tomó protesta en septiembre de 2010 en Gómez Palacio, lanzó la promesa de "regresar la paz" a La Laguna. Y la promesa no sólo no se ha cumplido, sino que la situación en la región ha empeorado. Luego de aquellos primeros meses de vítores y compromisos, Herrera Caldera asumió la cómoda postura de evadir lo más posible el tema de la inseguridad en la comarca o de hablar de él, como si su gobierno ninguna responsabilidad tuviera. Primero el argumento de la insuficiencia de recursos, luego el de la necesidad de mayor apoyo del Gobierno Federal.
En octubre de 2011, los gobiernos estatales de Durango y Coahuila firmaron en la Ciudad de México un acuerdo con el Gobierno Federal para mejorar la seguridad en La Laguna. El acuerdo consta de diez compromisos de los cuales sólo dos son de la Federación y los ocho restantes son para autoridades estatales y locales. No obstante los pobres resultados, Jorge Herrera declaró el 23 de enero de 2012 que el operativo era insuficiente porque faltaba una mayor labor de investigación… pero no de su gobierno. "Yo he pedido al secretario de Gobernación que nos puedan reforzar ese operativo con trabajo de investigación de tal manera que por un lado sea lo disuasivo y por otra parte sea la investigación de inteligencia y que se pueda hacer más efectivo", dijo. Como si Durango careciera de Fiscalía o como si la Fiscalía no tuviera la facultad y responsabilidad de investigar secuestros, robos y homicidios.
La respuesta del entonces presidente de la República llegó un mes después. El 26 de febrero, durante una gira por el vecino estado, Felipe Calderón dijo públicamente al gobernador: "Mientras las policías tengan penetración de criminales no habrá seguridad (…) es como poner al zorro o al coyote a cuidar el corral de las gallinas". Luego de este reclamo, Jorge Herrera cambió su discurso. A fines de marzo, a punto de que Laguna Segura cumpliera los seis meses estipulados como máximo en el acuerdo, el mandatario estatal declaró que confiaba en que el operativo pudiera extenderse, ya que estaba dando "resultados positivos". Una vez confirmada la ampliación de la estrategia hasta noviembre, Herrera Caldera se convirtió en uno de sus más férreos defensores. "Los resultados reflejan el esfuerzo que hemos estado haciendo todos", dijo el 11 de julio. Y el 13 de septiembre, luego de que se dio a conocer que según el monitoreo de México Evalúa los delitos en la región iban a la alza, pidió "revisar la metodología" del estudio, puesto que los datos "no coincidían" con los reportes oficiales.
Así, de pronto, la añeja promesa y el antiguo reclamo dieron paso a la negación. Frente al recrudecimiento de la violencia en Coahuila, el 9 de octubre el gobernador de Durango habló de crear "un dique" en los límites de Coahuila y Durango para evitar el ingreso de delincuentes a la entidad, el llamado "efecto cucaracha". Como si en Durango no hubiera criminales, como si Durango fuera la entidad más segura.
Pero, como siempre, la necia realidad aplastó al discurso oficial. Se registraron nueve ataques al edificio y personal de la Vicefiscalía en Lerdo. Cinco policías de Lerdo fueron secuestrados y torturados; se presume la participación de agentes estatales. Se confirmó que en un año el operativo Laguna Segura no ha logrado disminuir los robos y homicidios. Un motín en el penal de Gómez Palacio dejó más de 20 muertos, situación que obligó a vaciar el reclusorio y clausurarlo. Las sospechas de colusión motivaron el desarme de policías locales de Gómez Palacio y Lerdo, primero; luego el sometimiento a pruebas y, al final, la consignación de algunos de ellos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Hoy, las instituciones de procuración de justicia y seguridad en La Laguna de Durango son inoperantes. Frente al desastre evidente, el gobernador ha optado ahora por guardar silencio.
Pero esta postura de negación no es exclusiva del gobernador de Durango. El titular del Ejecutivo estatal de Coahuila, Rubén Moreira, declaró el sábado pasado, al final de una semana en la que la región fue el foco de atención de importantes medios nacionales e internacionales por la violencia, que rechazaba el "surgimiento de una campaña de linchamiento a La Laguna", y que "no se puede llamar a la región la más violenta del país por lo que sucede una semana". Al gobernador parece importarle poco que en 2012 La Laguna registró 1,087 homicidios dolosos y que, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, se han cometido más de 160 asesinatos. No estamos hablando de una semana, sino de meses, años de descomposición.
Por si fuera poco, Rubén Moreira dijo: "ayer (viernes) tuvimos juego de futbol y estuvo muy bien, yo circulé por Independencia, por Revolución, por el Centro (…), ahí salimos a la plaza y todo perfectamente". Lo que omitió decir el gobernador fue que ese recorrido lo hizo escoltado por un enorme equipo de seguridad, cosa que la inmensa mayoría de la población no puede hacer. También comentó que "lo que leo se reflejaría como que en cada cuadra tenemos violencia y eso no es cierto". Veamos: los ataques a bares, la balacera afuera del estadio, la aparición de cadáveres en calles del Centro y colonias -populares o residenciales-, y los tiroteos afuera de centros comerciales, son parte de la historia de una ciudad en la que ningún lugar puede considerarse blindado contra hechos violentos. Que ocurran o no depende hoy de la lógica de los criminales, no de las autoridades.
Culpar a los medios de comunicación de construir una mala imagen de la región es parte de esa estrategia de negación. Ahí están las estadísticas, ahí están los fracasos institucionales, ahí están las negligencias y las complicidades, ahí está la falta de coordinación, ahí está la desconfianza entre corporaciones. Negar los problemas no hará que desaparezcan. Es urgente cambiar el discurso, no por uno apocalíptico y catastrofista, sino por uno responsable y sensible, institucional. Las autoridades deben empezar por reconocer que lo que pasa en la región no es normal, como normal tampoco es que nos acostumbremos a la violencia.
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