Podría entenderse la política como una batalla contra la inercia. Una búsqueda esencialmente física de movimiento-o, vista del otro lado, una resistencia frente a la amenaza de la tracción. Todo proyecto de reforma enfrenta una energía motriz a un peso quieto. El impulso político fundamental radica en las máquinas representativas, en las palancas de la administración pública, en la presión de los movimientos sociales. Partidos políticos que promueven su agenda, congresos que toman decisiones a través de la formación de mayorías, gobiernos que actúan conforme a sus facultades; organizaciones sociales que exigen cambio. Veo una nueva palanca en la acción política mexicana. No es una nueva fuerza parlamentaria, ni un grupo político con un proyecto de renovación. Tampoco me refiero a integración del consenso para romper las inmovilidad. Me refiero a la aparición de una herramienta que puede producir transformaciones relevantes en el mundo de la política mexicana. Hablo del manojo de juicios que tocan aspectos cruciales de la vida pública nacional. Procesos en los que se denuncian vicios de las políticas públicas y que el poder judicial puede reparar. Si ninguno de los agentes tradicionales ha estado dispuesto a tocar esas lacras, la judicatura podría alterar ese equilibrio conservador.
En estas causas judiciales que han ganado relevancia en los últimos días encontramos, en primer lugar, la posibilidad de exhibir los nudos de una ilegalidad que se ha vuelto estructural. No me refiero al abuso esporádico y encubierto, sino el atropello cotidiano que se perpetra día a día frente a la complicidad de los actores políticos y la indefensión de la ciudadanía. Cuando la izquierda y la derecha cierran los ojos frente al abuso, cuando los representantes populares eluden la confrontación con los abusivos, el proceso judicial puede terminar con el ocultamiento que siempre beneficia al abuso. Se trata, desde luego, de juicios muy visibles que se convierten en causa colectiva y que, por lo tanto, suscitan una discusión pública valiosa en sí misma. El impacto simbólico de estos procesos altera sustancialmente los ejes del debate público. Aquello que se ocultó durante décadas sale del escondite.
Es ya muy meritorio que discutamos, por ejemplo, el uso de los recursos públicos destinados para la educación en el país. La organización Mexicanos Primero ha advertido que una parte importante de ese dinero se desvía al sindicato de maestros. Que, lejos de destinarse a las escuelas o a la formación de los maestros, estos recursos terminan en las arcas de una organización política. Al tiempo que el emporio sindical se financia con recursos de los contribuyentes, los alumnos y los maestros carecen de lo indispensable. La denuncia si quedara ahí, podría archivarse pronto. Pero no es otro ejercicio crítico sino una intervención jurídica que pone en marcha la maquinaria judicial. No se trata de una invectiva más contra el sindicato, sino de una demanda judicial que no puede ser ignorada por el Estado mexicano.
Pero estos juicios no importan solamente por irrumpir en la arena pública y mostrar lo que se escondía; por su capacidad para atizar la saludable indignación. Su efecto se siente también en el vocabulario del poder. Quizá la gran novedad de esta herramientas judicial para el cambio político es que habla un lenguaje del todo nuevo. No alude a la historia ni a la cultura como alegatos para la acción, no pretende en ningún momento hablar a nombre de alguna mayoría imaginaria o encuestada, tampoco amenaza con el látigo de la razón técnica. El litigante habla el lenguaje de los derechos: su propósito explícito es que la ley vigente se aplique. Que el derecho nacional y el derecho internacional que nos rigen se cumplan. Esa es la modesta aspiración revolucionaria: que la ley mande.
Estas lupas transforman el conflicto político: los abusos no son abstracciones, son ilegalidades; no hay fatalidad porque hay remedios legales. Si el Congreso le perdona la deuda a los estados y a los municipios no es simplemente un insulto a todos los que pagamos impuestos, es un atropello legal. Si tratamos ese premio a los gobernantes derrochadores y corruptos como un acto de desvergüenza de la clase política, sólo nos queda la queja. Si, en cambio, lo entendemos como un acto discriminatorio que trata a los contribuyentes públicos con un rasero distinto a los contribuyentes privados, encontraremos mecanismos de defensa. Más aún, se trata de un atentado contra otro principio constitucional básico: que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Los litigios estratégicos son así una nueva palanca de la acción política. Una palanca que transforma la democracia. No es solamente a través de la reconstrucción de las mayorías en las esferas gubernamentales como se mueve el país. El hilado de la razón legal es una fuerza motriz que nadie debería desdeñar.
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