Hasta antes de las 4 de la tarde del jueves 31 enero, cuando sucedió el estallido en el complejo administrativo de Pemex, el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo de gobierno manejaban tiempos y anuncios a su antojo, no habían enfrentado ninguna emergencia o evento no previsto, lo que les permitía planear y anticipar su estrategia de comunicación política y el impacto que querían producir en la opinión pública.
Sin embargo, justo antes de cumplir 2 meses en el gobierno, tienen que enfrentar su primera gran prueba. Un estallido con saldo, hasta el momento, de 33 muertos y 121 heridos (10 graves), lo cual abre dos frentes: por un lado, la tragedia con todas las emociones y sentimientos que trae consigo; y, por el otro, el de la seguridad nacional, pues hasta el momento no existe ninguna explicación sobre la causa del estallido.
Hasta este momento, los funcionarios federales (también el jefe de Gobierno del Distrito Federal, reaccionó rápidamente y se hizo presente en el lugar de los hechos) manejan muy bien el primer frente, pues inmediatamente acudieron al lugar del estallido, visitaron a los heridos en los hospitales y manifestaron sus condolencias a los familiares de la víctimas. El mismo presidente reaccionó inmediatamente y se hizo presente. En ese frente, hasta el momento, el manejo es el adecuado.
Pero el otro frente es el crítico y, hasta el momento, lo único que sí muestra el gobierno es coordinación y unidad, lo cual no es menor, pero es insuficiente ante un hecho de esta magnitud e impacto. Todas las voces van en el mismo sentido: no especular y comprometerse a dar con las causas del estallido.
Jesús Murillo Karam, el procurador general de la República, es tajante: "¿Qué pasó?, vamos a determinarlo, vamos a encontrar la verdad, si fue un accidente, una imprudencia o un atentado, lo que sea. Estamos trabajando sobre todas las posibilidades, no vamos a desechar ninguna (…) La determinación es no dejar nada a la imaginación".
Con otras palabras, el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, avanza en la misma dirección: "Los peritajes son muy complejos, una fatalidad como la de ayer no se puede explicar en un par de horas. Estamos trabajando con los mejores equipos de México y del extranjero y no vamos a especular".
Hasta hoy lo único que han dejado claro es que no hubo fuego, Murillo lo precisó: "Indicios de fuego no hay en ningún lado, no hemos encontrado un solo indicio de fuego, ni en pacientes, ni en fallecidos, ni en las ropas, ahorita que vean, que les den un recorrido, verán papeles enteritos, cosas de plástico, que se queman fácil y que no les pasó absolutamente nada, y van a verlas junto a partes que están derrumbadas".
La ausencia de fuego opera en contra de las autoridades, pues estrecha mucho la explicación de un accidente o una imprudencia; pero, en contrapartida, a su favor se encuentra el hecho de que si fuese un atentado, la lógica indica que el autor ya habría salido a adjudicárselo y hacer públicas sus razones.
En cualquiera de los casos, en estos momentos el tiempo es el principal enemigo de las autoridades, pues la ausencia de explicaciones no la podrán sostener sin dar pie a todo tipo de especulaciones, que es precisamente lo que quieren evitar.
Lo cierto es que el estallido les rompió la ruta de posicionamiento que hasta entonces habían manejado a la perfección, pues ni siquiera la exoneración del IFE o la liberación de Florence Cassez la habían perturbado, pues el gobierno hábilmente se mantuvo al margen de ambos. Tampoco la permanente violencia, vinculada al crimen organizado, había logrado afectar la imagen de un gobierno activo y efectivo, al menos en el discurso oficial y en el manejo de la opinión pública.
Es el primer evento en el que la imagen no es suficiente, el primer impacto es favorable porque supieron manejar este rubro adecuadamente. Mostraron sensibilidad ante la tragedia y capacidad de reacción, que encuadran perfectamente en su posicionamiento; pero más temprano que tarde tendrán que enfrentar la realidad y el estallido ya los confrontó.
Hasta hoy es evidente que buscan ganar tiempo, pero la cuestión si éste lo requieren para encontrar la verdad o para construir el mensaje. Ninguna de las dos opciones es buena para el país, pues la confusión o la incertidumbre nunca son positivos; y en el segundo caso, las autoridades ya saben lo que sucedió, aunque no tengan certeza de qué o quiénes lo provocaron, y esta verdad es tan negativa para el país que buscan la forma y vía para darla a conocer que menos afecte al gobierno.
Es la primera gran prueba que enfrenta este gobierno y su desenlace inevitablemente marcará el rumbo del mismo: un manejo adecuado, una prueba superada, lo impulsará; pero el mínimo error, puede ser un traspié insuperable. Los últimos cuatro gobiernos estuvieron marcados por sus primeros meses de gobierno: Salinas por "el quinazo", en enero de 1989; Zedillo por el error de diciembre de 1994; Fox, por la fallida reforma fiscal, en abril del 2001; y Calderón, por la decisión de enviar al Ejército a Michoacán a combatir a la delincuencia organizada, en diciembre de 2006. Así que el asunto no es menor.
