Cada sexenio las cosas cambian en muchos ámbitos de la vida política y social del país, la forma de administrar justicia tampoco ha sido una excepción en la actual administración federal y que contrasta con la pasada. Y aunque el propio Presidente ha afirmado que respeta las instituciones y la separación de poderes, la Procuraduría General de la República, que depende del Gobierno Federal, se ha desistido retirando las acusaciones de algunos inculpados.
La semana pasada hubo dos casos de personajes de altas esferas del gobierno que se encontraban detenidos por acusaciones de delincuencia organizada y que han sido liberados, en concreto el General Tomás Ángeles Dauahare y Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO.
En el caso del General Ángeles Dauahare su proceso penal por delincuencia organizada quedó sin materia y un Juzgado en materia de procesos penales federales en Toluca decretó el sobreseimiento de la causa, porque la Procuraduría General de la República, mediante su titular, ratificó la decisión de no pedir ninguna pena para el General, lo anterior porque la misma Procuraduría se dio cuenta de que no se podían acreditar lo que los testigos protegidos habían afirmado, reconociendo así fallas en el proceso penal.
En el caso de Noé Ramírez Mandujano el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, dictó sentencia absolutoria a favor de Noé Ramírez Mandujano pues existía en el proceso falta de probidad, pues el testigo protegido mintió en sus declaraciones.
Estos dos casos deben ser una experiencia que no quede en el olvido y que haga que la justicia mexicana sea más expedita y apegada a derecho, renovando a los ministerios públicos y a la misma Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales.
El caso de estos personajes ha salido a luz por su posición pública y por considerárseles parte de las altas esferas, sin embargo, existen casos de muchos mexicanos a los que se le ha negado una impartición justa de la ley y permanecen en el anonimato.
La justicia mexicana hace que los que no deberían estar en la cárcel, lo estén y aquellos que deberían estar no lo están, como el famoso caso de la francesa Florence Cassez, que por errores preocupantes en su proceso por parte de los encargados en su detención, tuvo que ser liberada a pesar de que las víctimas hasta la fecha la siguen señalando como culpable.
Es bien sabido que los actuales mecanismos para impartir justicia no son los más adecuados y aunque muchos esperan grandes cambios con algunas reformas, como el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, además de reformas legales debe haber transformaciones que renueven el sistema judicial, haciendo la justicia accesible a todos los mexicanos por igual y con la certeza de que los procesos serán claros, trasparentes y sobre todo veraces. Bien diría Paul Auster al mencionar que "si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia".
