En general, con algunas contadas excepciones, los medios masivos de comunicación se lanzaron en contra de los maestros de la CNTE por los inconvenientes que provocan en la Capital de la República, pero muy pocos reparan en las deficiencias de un proceso legislativo que deja fuera de toda la discusión a los principales afectados por la reforma: maestros, padres de familia y expertos en la materia.
En el presente sexenio las reformas legislativas surgen principalmente del acuerdo de las cúpulas políticas, sin participación de las bases partidistas y menos de la sociedad civil, lo que es de las grandes perversiones del Pacto por México. Así surgieron y fueron aprobadas las reformas constitucionales en materia educativa y de telecomunicaciones; ambas se cocinaron en encuentros privados, "en lo oscurito" como se dice coloquialmente, y posteriormente el Congreso de la Unión, las aprueba en "fast track", sin dar lugar a ningún tipo de discusión pública.
El gran argumento para hacerlo de esa manera es sorprender a los poderes fácticos (en el primer caso las poderosas empresas televisivas y de telecomunicaciones; y, en el segundo, el sindicato) para evitar que las descarrilen. El temor al descarrilamiento surge de la debilidad de las instituciones nacionales, pues en las democracias consolidadas lo más natural es precisamente la discusión pública y abierta de reformas tan trascendentales como las dos señaladas.
Una de las muestras más fehacientes de una democracia vigorosa es precisamente la existencia de espacios de deliberación de los asuntos públicos, que permiten conocer los argumentos de todas las partes, incluso los beneficiarios directos de los privilegios que se pretende combatir. Lo que se busca es que prevalezca la razón y el bien común y no se tiene el temor de que los principales afectados capturen al Estado.
Pero incluso en democracias en proceso de consolidación, como es el caso brasileño, el gobierno y los actores políticos permiten a la expresión pública de la sociedad civil, no hace mucho (durante la Copa Confederaciones) el mundo entero conoció las multitudinarias manifestaciones de los brasileños reclamando el fin de la corrupción de los políticos y cambios en la política social. La fortaleza de la sociedad civil se expresó con claridad y los logros de la misma son visibles. Los brasileños y los visitantes extranjeros que acudieron a dicho país con motivo de la justa futbolera padecieron las consecuencias de dichas manifestaciones, pero la sociedad civil logró su objetivo.
Aquí en México parece que los únicos autorizados para convocar a manifestaciones son las cúpulas políticas o económicas, pues cuando alguna de ellas lo hace, incluso el duopolio televisivo se suma gratuitamente a la difusión de las mismas, como sucedió en las marchas contra la inseguridad. Pero cuando son los sindicalizados o la sociedad civil organizada las descalificaciones se generalizan.
Hasta el momento han sido mínimas las oportunidades a los líderes de la CNTE de exponer sus propuestas y resistencias a la reforma educativa; sin escucharlos se les tilda de proteger sus plazas y faltar a sus responsabilidades. En el número 1921 de la revista Proceso, del domingo 25 de agosto, los líderes y los maestros mismos explican entre otras cosas el motivo de su irritación: en mayo de este año el gobierno les ofreció financiar la realización de foros regionales con la participación de expertos, profesores y autoridades para discutir los principales temas educativos y recoger las propuestas que de allí surgieran para discutirlas dentro del proceso legislativo.
Se realizaron 10 foros entre el 31 de mayo y el 12 de julio, las propuestas que emergieron de los mismos se las entregaron oportunamente al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, quien se comprometió a entregarlas a los integrantes de la mesa del Pacto por México y a los legisladores; pero ni siquiera se los hicieron llegar, todos los que las deberían haber recibido negaron conocerlas.
Los priistas replicaron las mismas prácticas anteriores a su salida de Los Pinos en el año 2000, mostraron que nada había cambiado: financiaron foros o consultas para entretenerlos, mientras las autoridades y sus asistentes redactaban las iniciativas de leyes y reformas, sin esperar las propuestas de los maestros. La misma simulación de siempre, hacer eventos y consultas para distraer y, en paralelo, redactar sin escuchar a nadie.
Con las movilizaciones de los últimos 10 días los maestros lograron que los legisladores se sentaran con ellos en la misma mesa. Hasta el viernes 30 no parecía haber ningún avance; pero en la reunión de dicho día los maestros hicieron verbalmente una propuesta concreta y los legisladores, particularmente los priistas, vieron con buenos ojos que se aterrizaran sus demandas en artículos específicos. Al levantarse de la mesa, maestros y legisladores acordaron una nueva reunión el sábado para discutir sobre propuestas concretas por escrito.
Pero lamentablemente al mismo tiempo los líderes de los tres partidos integrantes del pacto adelantaron que el mismo martes 3 de septiembre se votará la Ley General del Servicio Profesional Docente, difícilmente se puede dialogar, debatir y buscar acuerdos en tan poco tiempo.
Cierto, hoy muchos mexicanos celebran que finalmente se logran reformas legislativas, que se demandaban hace varios lustros, pero lo lamentable es que éstas no son producto de un proceso democrático, sino de los acuerdos cupulares de los actores políticos sin participación de la sociedad civil y menos de los directamente involucrados en dichos temas. Por supuesto que eso genera las protestas de los afectados, como en su momento lo hizo el duopolio televisivo con la reforma constitucional de septiembre de 2007. Sería bueno, por lo menos, escuchar lo que el magisterio tiene que decir en un tema vital para el país.
