El presidente Enrique Peña Nieto decidió procesar sus dos principales reformas estructurales fuera del llamado Pacto por México; las iniciativas reforma hacendaria y energética no fueron propuestas consensadas, sino elaboradas en el Gobierno Federal. Lo anterior no fue una casualidad, sino una acción premeditada con la intención de buscar el mejor aliado en cada uno de los casos y así acercarlas más a sus objetivos originales.
El Pacto permitió al Gobierno Federal sacar adelante por consenso algunas de sus principales iniciativas, sin embargo el costo era construir propuestas de legislación que satisficieran -al menos parcialmente- a las tres fuerzas políticas representadas en el mismo, lo cual obligaba a todos a hacer concesiones importantes. En estos dos casos el gobierno optó por aliarse a la fuerza política opositora que tuviera mayor cercanía con su propuesta.
Así, en el caso de la reforma energética decidió ir en el sentido demandado por el PAN, aunque no llegará tan lejos como lo hizo el blanquiazul en su iniciativa de reforma, al no permitir las concesiones en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Mientras tanto, en el caso de la hacendaria optó por presentar una iniciativa que se acercaba más a las demandas del PRD.
En ambos casos esa decisión le permitió ir más lejos de lo que hubiera podido lograr si optaba por el consenso de las tres fuerzas políticas, pero también lo condujo a enfrentarse a la otra fuerza, que es precisamente lo que hoy se manifiesta claramente en la discusión pública de ambas reformas.
Pero PAN y PRD también optaron por unir sus fuerzas para obligar al PRI a legislar en materia político-electoral; en este caso la alianza PAN-PRD no es suficiente para sacar adelante sus iniciativas de ley, ya que requieren necesariamente del apoyo de los priistas, especialmente si -como es el caso- requieren de reformas constitucionales.
Así en estos momentos hay tres tipos de alianzas legislativas paralelas en el Congreso de la Unión: PRI-PAN, para la reforma energética; PRI-PRD, para la hacendaria; y PAN-PRD, para la política-electoral. Desde luego que en una democracia cuando no se cuenta con los votos suficientes en el Poder Legislativo para aprobar en solitario las reformas legales, la única vía para lograrlo son precisamente las negociaciones con las otras fuerzas políticas.
Normalmente el costo de estas alianzas es no lograr todo lo deseado, pero sí -al menos- lo mínimo indispensable para alcanzar algunos de los objetivos establecidos en la reforma. Eso es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos: las reformas que se están discutiendo están moduladas por esa necesidad de negociar.
En el caso de los priistas las limitantes actuales a las propuestas de reforma en realidad no provienen de sus aliados, sino de las condiciones externas y de los grupos internos de su mismo partido, así en el caso de la reforma energética las limitaciones a una mayor privatización no las impuso el PAN, cuya iniciativa es más ambiciosa en ese sentido que la presidencial, sino los mismos grupos priistas que se oponen a la privatización de la exploración y extracción de hidrocarburos. Sin embargo, de aprobarse la reforma en los términos en los que la presentó el gobierno federal parece ser que ahora sí será la definitiva, no como sucedió con la reforma del sexenio de Felipe Calderón, que a pesar de que en su momento la ponderó mucho, ahora ya reconoce que no era suficiente.
Mientras tanto, en el caso de la reforma hacendaria la situación es muy distinta, pues el principal obstáculo es la desaceleración económica que vive el país, ya que esto le impidió ir por su primera apuesta, que todo indica que era la aplicación generalizada del IVA, incluyendo medicinas y alimentos, salvo una muy limitada canasta básica que sería la exenta. Al darse cuenta de esa realidad el gobierno optó casi por una nueva miscelánea fiscal, al viejo estilo de los gobiernos priistas, que desde luego no resuelve el endémico problema de la baja captación fiscal.
Y al descartar la opción del IVA, lo único que le quedó al gobierno es acercarse al PRD, que desde siempre ha impulsado la modificación a los impuestos al ingreso y no al consumo. Sin embargo, en este caso también hay grupos de presión, ahora no internos sino externos pero ajenos al PRD, que le impiden ir tan lejos como desearía el partido del sol azteca. En este caso son los grupos empresariales los que se resisten a una mayor progresividad en el Impuesto Sobre la Renta y el fin de los regímenes especiales, la consolidación corporativa y la depreciación acelerada. En este caso el resultado evidente es que la reforma es un mero paliativo temporal que necesariamente tendrá que revisarse en un futuro muy próximo.
Mientras tanto, el mayor problema de la llamada reforma político-electoral es que es una propuesta reactiva, parcial y limitada, lo cual la deja muy lejos de la reforma del estado que requiere el país. En este caso la principal limitante proviene de lo que el PRI esté dispuesto a conceder para poder avanzar en las reformas que al Gobierno Federal le interesa.
Así hoy lo único que se procesa dentro del Pacto por México es la reforma político-electoral y son el PRI y el gobierno los que lo usan o desechan de acuerdo a sus intereses y conveniencias; pero lo cierto es que al menos dos de las tres reformas legislativas en discusión son insuficientes para resolver los problemas nacionales.
