Las campañas por las presidencias municipales llevan ya dos semanas en Torreón y un mes en Gómez Palacio y Lerdo, pero hasta ahora los candidatos no han pasado de las habituales promesas.
Ninguno de los partidos ha presentado una visión sobre el futuro que quieren para la Comarca Lagunera y se han dedicado a repetir lugares comunes sobre ofertas de obras, servicios públicos o programas sociales y los requeridos compromisos de transparencia.
En Torreón, por ejemplo, el panista Jesús de León promete presupuestos anuales de al menos 1,700 millones de pesos, más de 20 por ciento por arriba de los actuales, sin explicar de dónde sacará el nuevo dinero.
El priista Miguel Ángel Riquelme ofrece usar recursos federales como el Fondo Metropolitano o estatales como el Impuesto sobre Nóminas para impulsar un gran proyecto de desarrollo económico, cuando en los últimos años ha tenido puestos de responsabilidad en el ejercicio de ese dinero en obras aisladas y de poco impacto para la competitividad local.
En Gómez Palacio, el priista José Miguel Campillo ha evadido la autocrítica sobre las dos últimas administraciones municipales, de las cuales formó parte, y la deteriorada situación de los servicios municipales y ausencia de obra pública, mientras que el panista Augusto Ávalos repite la misma oferta de “cambio” que no le funcionó en sus dos anteriores intentos de llegar a la alcaldía.
Las propuestas de los candidatos son, sin duda, sensatas y acordes a las necesidades de los municipios, pero el problema es que las mismas ofertas de campaña han sido hechas por los ganadores de otras elecciones sin llevarlas a la práctica.
Falta explicar cuáles serán los instrumentos que usarán para llevar a cabo las políticas que proponen. No es suficiente, por ejemplo, afirmar que resolverán la crisis técnica y financiera del Simas en Torreón o que rehabilitarán el pavimento de Gómez Palacio.
Los candidatos cuyos partidos ya tuvieron responsabilidad de gobierno deben explicar también por qué las administraciones anteriores fallaron y las razones por las cuales la ciudadanía debe darles el beneficio de la duda.
