Durante 10 años los grupos empresariales y políticos partidarios de las llamadas reformas estructurales (laboral, hacendaria y energética, entre las principales) que permitirán avanzar en la consolidación del neoliberalismo en México, culparon a su ausencia del estancamiento económico del país.
Todo indica que ellos estaban convencidos de que su instauración era la panacea que curaría todos los males económicos de México y, por lo tanto, en automático incidiría en la solución de los problemas sociales. Particularmente así lo manifestaron hace poco más de un año, cuando el Congreso de la Unión aprobó la reforma laboral a la que le atribuían poderes casi mágicos.
El 2 de octubre del año pasado, después de que la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados y cuando todavía se discutía en el Senado, el entonces presidente, Felipe Calderón, señalaba: "el propósito es darle empleo a la gente, para que mucha gente que hoy no tiene acceso al trabajo pueda tenerlo, porque la ley dejará de ser obstáculo y se convertirá en instrumento que permita que miles y miles de trabajadores que hoy no tienen empleo, puedan acceder al trabajo con un acceso digno".
Al día siguiente, Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Caintra regiomontana, destacaba que la reforma establecía "las condiciones necesarias para crear más y mejores empleos y hacer de México un país competitivo". Y el entonces presidente de la Coparmex, Alberto Espinosa, se atrevió a precisar las cifras: "Pronosticamos que en el siguiente año habrá un número importante (de empleos); no podemos hacer un cálculo después de las modificaciones que se dieron -a la ley laboral-; si en este año se generaron 860 mil empleos aproximadamente podemos llegar a por lo menos al millón de empleos para 2013".
Pero un año después la realidad es muy diferente: de acuerdo a los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de los indicadores más confiables del empleo formal, el crecimiento -de octubre de 2012 a octubre de 2013- fue únicamente de 470 mil empleos y cuando se revisa el período enero-octubre de cada uno de los años, que fue en el que se basó Espinosa para hacer su pronóstico del millón de nuevos empleos, resulta que no tan sólo no creció, sino que disminuyó: en 2012 se crearon 832,073 nuevas plazas; y en este año, 590,393.
La misma Coparmex, que hace un año pronosticaba impactos positivos de la misma, ahora lamenta, en boca de su nuevo presidente Juan Pablo Castañón: "debemos reconocer que los costos asociados a la generación de un empleo formal no fueron atendidos en la reforma y siguen siendo altos". E incluso ya demanda ajustes a la reforma: "Es imposible que una reforma que esperó un largo tiempo quede completamente modernizada a la primera, es necesario darle los ajustes convenientes que permitan mayor facilidad para dar empleo".
Un año después de su entrada en vigor la reforma laboral ya muestra sus verdaderos alcances, que obviamente son mucho más limitados de lo señalado en aquel momento. Y, la reforma laboral, salió casi en los términos demandados por la iniciativa privada nacional y propuestos por el entonces presidente Felipe Calderón, pues lo único que se modificó que afectaba directamente el mercado laboral es lo relacionado al llamado "outsourcing", todo el resto de las modificaciones tenían que ver más con aspectos de vida sindical.
Hay que reconocer que el entorno económico nacional e internacional impactó negativamente en los resultados de esta reforma, pero eso es una muestra más de que no hay soluciones mágicas ni remedios maravillosos que todo lo arreglan. Hay que pensar en la interacción de las nuevas disposiciones legales con el resto de la economía y estar ciertos que se trata de engranajes muy complejos, cuyo funcionamiento es muy difícil de alterar.
La reflexión sobre los verdaderos impactos de las llamadas reformas estructurales en la vida económica nacional es importante, porque se acaba de aprobar otra de dichas reformas (la hacendaria) y en estos momentos se discute la energética. Sobre las mismas también se fincan muchas de las esperanzas de impulsar el crecimiento económico nacional o, al menos, así las promueven sus impulsores.
La reforma hacendaria definitivamente no logrará sus objetivos en materia de crecimiento en la recaudación de recursos para el Gobierno Federal y, además, generó una gran inconformidad entre la clase empresarial, porque varias de las reformas se incorporaron en la discusión en el Congreso para intentar compensar la eliminación de algunas medidas propuestas inicialmente por el Ejecutivo. El resultado fue una reforma mucho más limitada de lo esperado y cuyo impacto positivo en la economía es muy dudoso.
La reforma energética todavía está en discusión en el Congreso de la Unión, el proyecto enviado por el presidente Enrique Peña Nieto no generó el entusiasmo esperado en la comunidad financiera y de negocios internacional y, todavía hoy, se desconocen los términos en los que será aprobada. Así lo único cierto es que es la apuesta más fuerte del actual gobierno para revitalizar la economía nacional.
La experiencia de la reforma laboral indica que sus resultados son muy por debajo de los prometidos, aun en los casos en los que las modificaciones cuentan con el respaldo inicial de los sectores a los que pretende entusiasmar y motivar para impulsar la economía nacional. Así que muy poco o nada puede esperarse de la reforma hacendaria; y la energética es todavía una incógnita, pero definitivamente no será la panacea que venden sus impulsores.
