La noticia según la cual el Alcalde y Tesorero de Torreón están en desacato frente a un Juez de Distrito, que en ejecución de una sentencia de amparo les ordena devolver el importe de un impuesto cobrado de modo ilícito, es apenas la punta del iceberg en el mar de violaciones al principio de legalidad, en el que naufraga la administración de Eduardo Olmos.
Según la poca información disponible difundida el día de ayer por El Siglo de Torreón, existen ciento cincuenta amparos en trámite en situación semejante, que resulta previsible que terminarán obligando a la autoridad a regresar el recurso indebidamente obtenido. ¿Cuánto dinero implica para nuestra ciudad el pasivo que esto genera? No lo sabemos, es un misterio.
Lejos de ser un caso de excepción, el descuido de los procedimientos jurídicos por parte de la actual administración municipal es cosa ordinaria y frecuente. Además del desacato a la sentencia de amparo cuyo comentario nos ocupa, otro de los temas que ofrece riesgo y complicación al respecto, son los juicios laborales desatendidos que condenan a nuestro Municipio al pago de cuantiosas indemnizaciones en favor de trabajadores municipales, cuyas demandas fueron menospreciadas tanto desde el punto de vista administrativo como de estricta justicia.
Existen conflictos individuales que por sí solos implican cientos y hasta millones de pesos, que integran un pasivo al que no se refieren las cuentas mochas que ofrece la autoridad, por lo que para un observador común, resulta por el momento imposible cuantificar con certeza el monto de la deuda por este concepto, que opera cual verdadera bomba de tiempo.
Como parte del anticipado proceso de entrega-recepción en el que aseguran estar inmersos el alcalde saliente y el entrante, que presumen una coordinación cuyo festinamiento huele a complicidad, resulta obligado que ambos personajes informen a la ciudadanía a cuánto asciende el pasivo que pesa sobre las finanzas del Municipio en todos los órdenes, incluyendo los juicios perdidos o en trámite de diversa índole y materia, que tarde o temprano tendremos que pagar los ciudadanos.
Lo más grave es que la negativa a rendir cuentas y el descuido administrativo y jurídico que pesa sobre nuestro Municipio amenazando su viabilidad en el futuro cercano, tienen su origen en la soberbia y en la prepotencia de quienes han malgobernado nuestra ciudad en los últimos tres años y ocho meses, que se comportan con la cínica seguridad de que toda violación en que incurran al marco legal en el desempeño de sus funciones quedará impune, gracias al cobijo del moreirato.
Esta forma de ejercer el poder que amenaza prolongarse por otros cuatro años, sólo puede ser contenida mediante la participación ciudadana erigida en exigente salvaguarda del principio de legalidad que obliga a todas las autoridades a someterse al imperio de la ley, como valor fundamental que sostiene nuestra vida pública.
La expectativa de muchos inconformes con el moreirato incluso priistas, que soñaban con que Enrique Peña Nieto restituiría el viejo poder presidencial por arte de magia y vendría a poner orden en Coahuila, se han desvanecido ahora que en vísperas de su primer informe, el Presidente lucha por su propio pellejo en medio de la parálisis de un Gobierno Federal, que simplemente no arranca.
Lo anterior implica que lo que no hagamos los torreonenses por contener el desgobierno imperante a nivel local, no lo hará nadie más. Empecemos por insistir hasta el cansancio, en que Olmos rinda cuentas claras y completas de su administración no sólo a Moreira y a Riquelme, sino de cara a la sociedad en su conjunto.
