El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán, urgió a sus compañeros legisladores a dar fluidez al proyecto de ley para regular la operación de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, pues de lo contrario, aseguró, estas organizaciones civiles seguirán violentando los derechos de terceros.
En entrevista informó que hasta el momento no existe en el Congreso del estado ninguna iniciativa de ley, para comenzar a conformar la nueva norma que regule la existencia, las facultades y las disposiciones jurídicas de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, que en la actualidad operan en 41 municipios del estado.
El legislador por el Partido del Trabajo (PT) dijo que tiene conocimiento de por lo menos dos iniciativas de ley al respecto, una por parte del titular del Ejecutivo del estado, Ángel Aguirre Rivero, y otra propuesta por la dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con el respaldo de algunos diputados locales.
Sin embargo, señaló que ninguna iniciativa ha podido ser aterrizada en el pleno del poder Legislativo, por lo que pidió a sus compañeros diputados trabajar decididamente en estas propuestas de regulación de los grupos civiles de autodefensa, tema que resulta por más "urgente" en estos tiempos difíciles en materia de seguridad en el estado.
Sostuvo que esta indiferencia sobre el tema podría generar serios problemas en algunos puntos del estado, como los que se han presentado en el municipio de Olinala, región de la Montaña, donde se han denunciado varios abusos de los policías comunitarios en contra de la misma población, sin que las autoridades constitucionales puedan intervenir.
Consideró que es necesario apegar a estos grupos ciudadanos a legalidad, ya sea creando una nueva ley o reformando la ley 701 que habla de los derechos de los pueblos indígenas.
De los 41 municipios donde operan los sistemas de seguridad y justicia ciudadana, muchos de ellos no tienen componente indígena, por lo que en esos casos se tendrá que realizar algunos ajustes a la actual legislatura.
Admitió que en sus acciones los grupos del sistema de justicia han incurrido en problemas de violación a las garantías individuales de las personas que han tenido, presuntamente acusados de acciones ilícitas.
