Tal parece que ya se hizo costumbre que el Congreso de la Unión incumpla los tiempos, que ellos mismos se marcan en las reformas constitucionales, para aprobar las leyes ordinarias o las reformas a las ya existentes indispensables para aplicar las nuevas disposiciones contempladas en las reformas que hicieron a la Carta Magna:
El sábado 10 de agosto venció el plazo de un año que se habían dado para aprobar la reglamentación sobre las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa de ley ciudadana y, hasta estos momentos, ni siquiera existe un consenso sobre dichos puntos. Pero todo indica que también incumplirán las nuevas disposiciones en materia educativa que deberían estar listas para el 26 de agosto próximo.
Obviamente los legisladores no se han abocado a dichas reformas porque están entrampados en el forcejeo de a cuáles reformas estratégicas les dan prioridad. Por un lado el gobierno federal y el PRI querían dejar atrás las diferencias en el terreno político-electoral para irse directo a las reformas presidenciales, entre las que se encuentran la anticorrupción, la de transparencia y la financiera, además de las pendientes en presentar: la energética y fiscal; pero panistas y perredistas no cedieron en su intención de revisar primero los compromisos en materia electoral y política.
En el paquete demandado por la oposición sí se encuentran las reformas pendientes en materia política y en las planteadas por el PRI, las de materia educativa, pero hasta el momento no parecen ser prioritarios.
El gobierno busca sacar adelante la reforma constitucional en materia energética y la fiscal, porque sabe que puede sacarlas con el apoyo panista, pero casi seguramente implicarán el fin del pacto, porque se distanciarán del PRD. PAN y PRD también saben que tienen coincidencias en materia política, pero diferencias importantes en materia económica y por ello se empeñan en sacar primero los puntos de coincidencia, para evitar que el rompimiento por las iniciativas económicas impida concretar las políticas.
Aunque Jesús Zambrano, presidente del PRD y actual presidente del Consejo Rector del Pacto, dijo que se negociarán en forma paralela a las reformas energética y fiscal, no está muy claro en qué orden se turnarán al Congreso, pues desde la dirigencia del PAN insisten en que antes de discutir las reformas presidenciales hay que abordar la electoral y política; y, por su parte, Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores priistas afirma que únicamente se abordará la electoral. Por lo pronto la oposición ya ganó esta primera batalla: el discutirlas en paralelo a las iniciativas presidenciales, aunque el presidente bien puede hacer uso de la iniciativa preferente para obligarlas a discutirlas y votarlas antes.
En la mesa del pacto se revisan todos los temas, entre los que se encuentran: los electorales (nueva ley de propaganda gubernamental, nulidad de elecciones si se rebasan los topes de gastos de campaña, Instituto Nacional Electoral, Ley de Partidos -donde se empuja una reducción al financiamiento público y bancarización total de las operaciones de éstos-) y los políticos (segunda vuelta electoral en la elección presidencial, reelección de legisladores y alcaldes, candidatura independientes y mayor control del Congreso sobre el Ejecutivo -ratificación de los miembros del gabinete y aprobación de planes de desarrollo y seguridad-).
Sin embargo, aquí no están incluidos todos los temas de la propuesta que presentaron los senadores del PAN, que también incluye entre otros temas la figura del jefe de Gabinete, moción de censura a los secretarios de Estado, la figura de la iniciativa razonada que obligaría al Ejecutivo a comparecer ante el pleno de la cámara de origen a defender sus iniciativas de reforma, autonomía a la PGR y la Fepade, autonomía presupuestal al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y eliminación del fuero constitucional, entre las más destacadas.
Hasta hoy todo indica que el presidente Enrique Peña Nieto está dispuesto a ceder en los temas electorales, al menos en lo que se refiere a negociarlos en el seno de la mesa del pacto y firmar anexos al mismo, con tal de salvar al Pacto. Pero el problema es si estará dispuesto a concretarlo en nuevas disposiciones legales que dificulten la intromisión de las distintas instancias gubernamentales en los procesos electorales.
Y, todavía más crítico, si estará dispuesto a avanzar en las propuestas de reforma política que evidentemente conducen a una pérdida del poder presidencial. Cierto: algunas de las reformas incluidas hoy en las propuestas de la oposición estuvieron en iniciativas priistas, pero cuando eran oposición, en el sexenio pasado; hoy seguramente se opondrán a ellas.
Difícilmente el Congreso de la Unión podrá abordar todos los temas pendientes en lo que resta del año, pues además tendrán que hacer la glosa del informe presidencial y aprobar el presupuesto federal para el ejercicio 2014, así el forcejeo por la agenda legislativa apenas empieza. Si a esto se le agrega el claro distanciamiento entre diputados y senadores, porque estos últimos iniciaron el trámite de los candados a las finanzas estatales y municipales, que los primeros consideran como suyos, no parece fácil que se logren los acuerdos necesarios para concretarlos en nuevas disposiciones legales.
Para el Ejecutivo es prioritario aprobar las reformas energética y fiscal, pues prácticamente de ello depende el éxito o fracaso del sexenio, eso lo sabe la oposición y está buscando intercambiarlas por las reformas electorales y políticas; pero seguramente el gobierno intentará romper el bloque opositor aprovechando la iniciativa de reforma energética presentada por el PAN que seguramente será muy coincidente con la presidencial y así evadir los temas electorales y políticos.
