Si quieres luchar contra la delincuencia organizada es necesario golpear a los criminales en sus cuentas bancarias, donde realmente duele.
El argumento es expresado con frecuencia en México, donde la terrible violencia relacionada con la lucha contra la delincuencia organizada añade urgencia a la búsqueda de estrategias alternativas. Las estrategias alternativas piden a menudo un mejor uso de la inteligencia contra las organizaciones criminales. Una de las herramientas de la inteligencia son las leyes contra el lavado de dinero. En México es la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita, aprobada en octubre de 2012.
En el sentido más simple, lavado de dinero, o de activos, significa que el ingreso de un acto criminal "lavado" a través de los sistemas comerciales y financieros formales para que el criminal puede utilizar el dinero limpio para gastar o invertir. El término proviene de la década de 1920 en Nueva York, donde unos gangsters poseían cadenas de lavanderías para poder mezclar el dinero obtenido de la actividad criminal con ingresos en efectivo legítimo. El lavado de dinero sucio en esta forma tan simple también podría utilizar a los supermercados, los casinos, las franquicias deportivas, u otros negocios que generan grandes volúmenes de dinero en efectivo.
El lavado usualmente es más complicado. Por ejemplo, la compra de una póliza de seguro de vida se puede después cancelarse con la mayor parte del precio de compra devuelto en dinero limpio.
El lavado de dinero transnacional se complica aun más. Con dinero de la droga, por ejemplo, la compra de bienes de alto valor en el país A se exportan al país B para su reventa por parte de grupos delictivos. Los esquemas se vuelven complejos e ingeniosos.
Personas inteligentes inventaron maneras de mover bienes ilegales a través del comercio y las finanzas para producir dinero limpio.
Programas contra el blanqueo de dinero operan en dos pilares: la prevención y la aplicación. La prevención se centra en el conocimiento de sus clientes y reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes. Puede trabajar en el sector formal de la economía, pero no en el sector informal, que evade la regulación gubernamental. Aplicación se refiere a la investigación y el enjuiciamiento de capitales en relación con determinados delitos, como el narcotráfico o el secuestro. En términos generales, ha habido un buen progreso a nivel internacional para mejorar la prevención, pero menos progresos en la aplicación. Este es el caso en América Latina, según un artículo de Daniel M. Rico, Cooperación internacional, lavado de activos y seguridad pública, preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Rico demuestra que el sector formal de la mayoría de los países de la región ha mejorado su comunicación de operaciones sospechosas. El intercambio de información internacional también ha mejorado. Por lo tanto el antilavado ha ayudado a fortalecer la integridad del sistema financiero formal.
El problema es la aplicación. Rico encuentra en América Latina que "las cifras de condenas son extremadamente bajas para una región donde se produce el 100% de la cocaína mundial, la mayor parte de los secuestros, una altísima tasa de homicidios y una evidente penetración del crimen organizado en los circuitos económicos, sociales y políticos a niveles nacionales e internacionales". Debido a la falta de peritos, falta de coordinación entre las agencias, y otras razones, la información producida por el pilar de la prevención no deriva en una investigación o enjuiciamiento eficaz.
Algo similar puede estar ocurriendo en México, donde la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda necesita convertirse en averiguaciones previas y casos enjuiciables por parte de la Procuraduría General de la República. Mi sensación es que hay problemas y retrasos en la PGR.
Más allá de la coordinación interinstitucional, el otro gran problema es que la ley antilavado no llega a la economía informal, lo que constituye tal vez una tercera parte del total de la economía.
Por lo tanto, la ley antilavado es más débil de lo que parece y que también añade más costos burocráticos para el sector formal.
Quizá una mejor manera de seguir el dinero es enfocarse en la evasión fiscal, que se aplica a los sectores formal e informal y es más fácil de procesar. En este punto, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo Guerrero. En un artículo recientemente publicado por la Brookings Institution en Washington, DC, escribe: "En un país que sistemáticamente falla en recaudar impuestos y reducir la economía informal, la mejora en la recaudación -en lugar de crear una nueva capa de las obligaciones de presentación de informes para las empresas- parece ser un paso más lógico".
Director del Proyecto México de la Universidad de Georgetown
