Es harto difícil entender los entretelones de la justicia mexicana.
El miércoles pasado la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por participar en varios secuestros con la banda Los Zodiaco, fue puesta en libertad gracias a "un amparo liso y llano" que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La esbelta mujer de 38 años tuvo en menos de un año dos resoluciones encontradas por parte del máximo órgano de justicia mexicano.
Apenas el 21 de marzo del año pasado se llevó al pleno de la Corte una resolución para favorecer la libertad de Florence Cassez, pero finalmente el proyecto fue votado en contra lo que parecía ser el hundimiento definitivo de la inculpada.
Menos de doce meses después, surge como por arte de magia, un nuevo proyecto por parte de la ministra ponente Olga Sánchez Cordero que en principio solicitaba amparar a la francesa para que se le dictara una nueva sentencia.
Pero ante la oposición de algunos magistrados la abogada Sánchez Cordero cambió el sentido de su propuesta por "un amparo liso y llano", mismo que recibió tres votos a favor para conceder la libertad inmediata de Cassez "por las graves violaciones a sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso".
La sentencia de la Suprema Corte tiene que ver con las violaciones al proceso de su captura y no niega las acusaciones por demás probadas de que la francesa formó parte activa de la banda de secuestradores Los Zodiaco que encabezaba su pareja Israel Vallarta.
Pero sí invalida la sentencia de sesenta años de prisión porque considera que se violaron sus derechos desde el momento mismo de su detención cuando -recordará usted-el entonces director de la AFI, Genaro García Luna, montó una escena televisiva para dar espectacularidad a la captura de la organización criminal.
Lo grave al final del día es que la sentencia declara la libertad absoluta a una persona que cometió delitos de alto nivel y que afectó severamente a mexicanos que fueron secuestrados por la banda en la que operaba. ¿Cómo explicar a sus víctimas que no habrá justicia en su caso y que la francesa no pagará cabalmente por los delitos cometidos?
Evidentemente existen otros intereses que originaron un cambio dramático en el curso del caso que una vez más pone en entredicho la transparencia y legalidad de la justicia mexicana.
Desde que Enrique Peña Nieto como presidente electo visitó Francia dentro de su gira de acercamiento con los líderes europeos, quedó abierta la posibilidad de liberar a Florence Cassez como una solución al conflicto diplomático que originó su proceso legal.
Fue en diciembre de 2005 cuando Florence fue capturada junto a Vallarta y otros miembros de la banda en el rancho Las Chinitas, localizado en el estado de Morelos. Prácticamente desde su aprehensión se desató una controversia diplomática que llegó a extremos insospechados.
El expresidente francés Nicolás Sarkozy tomó el caso muy personal al exigir la extradición de la inculpada para ser juzgada en Francia, pero el gobierno mexicano negó sistemáticamente tal posibilidad lo que generó la cancelación en París de un evento dedicado a México.
La influencia, perseverancia y el hábil manejo mediático por parte de la familia Cassez y las autoridades galas, condujeron a que el gobierno de Peña Nieto viera con simpatía la liberación de la francesa y se comenzó a operar en tal sentido.
Todo parece suponer que se optó por la salida pragmática sin importar el sentir de la ciudadanía mexicana que a través de las redes sociales volcó su indignación contra la Suprema Corte y el gobierno de Peña Nieto en cuanto se anunció el amparo a favor de Florence Cassez.
Y no faltarán las condenas de las víctimas Ezequiel Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian, quienes vivieron la tortura psicológica y abusos sexuales durante su cautiverio con la banda de Los Zodiaco, en donde la mujer francesa participaba activamente.
Habría que preguntarles a los ministros, ¿por qué no actúan con el mismo interés y celeridad para liberar a tantos ciudadanos inocentes que están hundidos en las cárceles del país por los abusos de las autoridades y por no contar con asistencia legal que los respalde?
¿Podría iniciar la Suprema Corte de Justicia una cruzada a favor de decenas de mexicanos que purgan sentencias injustas en el extranjero, en especial en Estados Unidos? ¿Hay que ser extranjero y de preferencia francés para recibir atención especial de las autoridades judiciales?
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