En vísperas del Día Internacional del Libro, la Suprema Corte de Justicia asestó un nuevo golpe al libro y a la lectura en nuestro país. Con ocho votos a favor y tres en contra, los ministros decidieron este 22 de abril que la prohibición a los descuentos en los precios a los libros es constitucional.
Los ministros argumentaron, absurdamente, que la obligación de tener un precio único para los libros en todo el país no viola la libertad de mercado. Nunca entendieron, por otra parte, que al prohibir los descuentos se eleva de manera automática el precio promedio de los libros. La medida afecta la lectura en lugar de promoverla.
La prohibición a los descuentos la establecieron diputados, senadores y gobierno federal en el 2008. Nos dijeron que la medida generaría un auge en la industria del libro. La verdad es otra. Las grandes editoriales sí pueden elevar sus márgenes de ganancia, porque evitan tener que dar descuentos a los distribuidores o librerías que compran un mayor volumen de libros. Pero como el precio promedio de los libros se eleva, la compra de libros y la lectura se caen.
La prohibición a los descuentos se aplica solamente a los libros en sus primeros 18 meses de publicación. No hay sanción, por otra parte, para quienes cometan el delito de vender un libro con descuento. Hasta la fecha ningún dependiente de librería ha sido llevado a la cárcel por vender un libro en 100 pesos en lugar de 150. El propio gobierno del Distrito Federal organiza con frecuencia ventas de libros a precio de descuento en carpas y en la explanada del Auditorio Nacional sin que llegue la policía a detener a los responsables.
El plazo de 18 meses durante el cual se prohíben los descuentos genera confusiones. ¿Puede una librería o no vender un libro con descuento? Hay que ver la fecha de publicación y tomar una decisión. Esta semana el tercer tomo de la saga Millenium de Stieg Larsson, La reina en el palacio de las corrientes de aire, se estaba vendiendo en 338 pesos en Sanborns y en 218 pesos en Porrúa. Si el tomo tiene menos de 18 meses de publicado, Porrúa está obligada a subir su precio a 338 pesos: un aumento de 55 por ciento. Si el volumen tiene ya 19 meses, en cambio, Porrúa podría seguirlo vendiendo con descuento. El beneficio para los lectores es enorme.
La estúpida idea de que subir los precios de los libros aumentaría las ventas no se ha hecho realidad. El precio único tampoco ha hecho que se funden nuevas librerías en lugares recónditos. La disposición sí está ayudando, sin embargo, a que aumenten las ventas de libros electrónicos de empresas como la estadounidense Amazon que ofrecen siempre descuentos.
Yo en lo personal ya compro la mayoría de mis libros por Amazon. El precio promedio es de 11 dólares y las novedades más populares cuestan 14 dólares (175 pesos). Los descuentos sobre las versiones impresas son muy importantes. Quizá ése era el objetivo de la prohibición de los descuentos: darle una ventaja competitiva a esta empresa.
Para bajar libros de Amazon, sin embargo, hay que tener un Kindle o utilizar una computadora o una tableta. Sólo las clases medias y altas tienen estos dispositivos. La prohibición, por lo tanto, afecta más a quienes menos tienen.
La Suprema Corte ha declarado que sí es constitucional obligar a los pobres a pagar más por los libros. Le tocaría así al Congreso de la Unión eliminar la absurda prohibición a los descuentos de los libros y generar condiciones de competencia para que bajen los precios y se promueva realmente la lectura en el país.
EL BUEY Y EL PACTO
Si las reformas que están surgiendo del Pacto por México son positivas, debe mantenerse el acuerdo. Si no lo son, hay que suspenderlo. Condicionar la permanencia de los partidos en el Pacto a consideraciones políticas, es colocar la carreta delante del buey.
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